Comunicado ETP 20 de febrero de 2021.
Académicos, miembros de organizaciones sociales, humanitarias, empresariales de ambos lados de la frontera, pertenecientes a Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, así como otras personas de ambos países, recibimos con optimismo y esperanza, la decisión tomada por el Gobierno de Colombia para regularizar a través del ETP a migrantes venezolanos forzados y asentados en el territorio nacional, en términos de documentación y otras medidas.
Los avances que el Estado colombiano ha logrado en atención a la migración forzada desde Venezuela, además de responder a la obligación legal de brindar protección a quienes así lo requieren, redundarán positivamente en bienestar de esa población, que ha tenido dificultad en el acceso a determinados derechos, bienes y servicios para consolidar sus proyectos de vida e integrarse. La implementación integral y eficaz del ETP es también, una oportunidad de desarrollo económico, social y cultural para Colombia si logra integrar a todos los migrantes venezolanos, así como un positivo estímulo para desplegar esfuerzos de superación de la pobreza y la desigualdad que han aumentado con la pandemia.
Animamos a las autoridades competentes en la materia, para que durante la reglamentación e implementación del ETP tengan en cuenta los aprendizajes dejados por el desarrollo de medidas temporales como los Permisos Especiales de Permanencia y otros instrumentos migratorios. También para que tomen en consideración los análisis que desde la sociedad civil se han realizado sobre el contexto en el que medidas como el Estatuto deben desarrollarse, así como las recomendaciones que nos permitimos realizar a continuación:
– Informar y explicar a la población venezolana y colombiana, especialmente en la frontera y en las regiones con mayor recepción de ese éxodo, sobre las medidas tomadas con el Estatuto, y evitar que se use para aumentar la xenofobia contra migrantes y refugiados.
– Brindar atención integral a todas las modalidades del éxodo forzado desde Venezuela: comunidades indígenas compartidas, migración pendular, colombianos que retornan con familia binacional, migrantes en tránsito, y a quienes se quedan en Colombia.
– Recoger en el registro al ETP la experiencia educativa y laboral, facilitar la convalidación de títulos, propiciar políticas de incorporación a la vida económica y social; y en el contexto de la pandemia garantizar vacunas, medidas de bioseguridad, programas de ayuda alimentaria, a las y los migrantes establecidos en Colombia.
– Reabrir inmediatamente los pasos fronterizos formales para que la población pueda registrarse y no se vea obligada a ir por trochas, ríos y caminos informales donde es extorsionada y sometida por grupos irregulares armados, que además dejan explosivos en la frontera.
– Prestar especial atención, asistencia técnica y apoyo internacional, a las comunidades y autoridades locales en la frontera con Venezuela, donde se asienta o transcurre buena parte de la migración forzada en sus diversas modalidades.
Sólo así esta nueva apuesta estatal podrá superar los retos que implica una política de Estado de esa envergadura, de forma que el Estatuto, al ser incluyente, marque una mayor progresividad en el acceso a derechos de los migrantes en todo el territorio colombiano.
Haremos un seguimiento de estas medidas y de las iniciativas que promueva la diplomacia ciudadana en favor de procesos de protección e integración en Colombia, de las personas en situación de migración forzada.
Colombia y Venezuela, 19 de febrero de 2021.