Sesión binacional amplia presencial y virtual de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), con la participación del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (CDH-UCAB)
Palabras de bienvenida de Eduardo Trujillo, director CDH-UCAB. Esta actividad ha sido convocada y auspiciada por el CDH-UCAB y PCCV. La intención de esta sesión binacional es discutir, con amplitud y con perspectiva de derechos humanos todos los problemas que vienen aparejados en la relación de Colombia y Venezuela. Recientemente conocimos la decisión de los gobiernos de los dos países de reabrir las fronteras. Durante su cierre, desde el CDH-UCAB evidenciamos una serie de irregularidades, que se consumaron en violaciones a derechos humanos, por acciones u omisiones estatales y también por la presencia de grupos irregulares que ejercen distintas actividades delictivas con influencia negativa en el acceso a derechos de personas en ambos lados.
I parte. Las relaciones binacionales en la agenda legislativa
Diputado Óscar Ronderos, miembro de la comisión permanente de energía y petróleo, de la Asamblea Nacional de Venezuela. Ideas para avanzar hacia una agenda binacional. El encuentro entre los parlamentos de ambos países, y de los gobiernos, es un avance necesario. Debemos abogar por un gran acuerdo o tratado marco colombo-venezolano vinculante, que arranque con varios temas importantes, no solo en derechos humanos, sino en todos los demás ámbitos de la relación, que otrora fue amplia y que por haberse perdido durante 7 años de desconexión no permitió que fuera transparente. Hoy, visto esta restablecimiento de la relación binacional, se debe empezar con su reinstitucionalización. El primer tema indispensable debe ser un intercambio de información, y registros policiales, antecedentes penales, condiciones de doble nacionalidad, etc para que las autoridades la tengan a la mano. Eso aliviaría en ambos Estados la necesidad de una identificación distinta a la cédula de ciudadanía de las personas que cruzan la frontera. Además, se garantizaría el derecho a la identificación, que en algún momento estuvo en discusión frente a la ausencia de relaciones consulares. Desde el lado colombiano se ha avanzado con mecanismos que facilitan la entrada de venezolanos presentando solo su cédula, pasaporte o carné fronterizo. Pero no es indispensable un registro distinto si antes hemos compartido la información biométrica y de registro civil de los ciudadanos. Permitiría también enfrentar la trata de personas y la verificación de la disposición de tránsito o permanencia de los nacionales colombianos o venezolanos en el otro país.
Segundo, es necesario un proceso transparente en el tránsito de personas y de mercancías entre Colombia y Venezuela. Hay que formalizar el tránsito de mercancías, ausente por la falta de aduanas por muchos años, e impedido por grupos ilegales. El proceso de formalización del lado venezolano ha sido más lento que el colombiano. Lo mismo sucede con el transporte aéreo y marítimo, es importante demandar su pronta reactivación, una necesidad para los dos países. El hecho de que haya una sanción de embargo contra una empresa nacional venezolana, Conviasa, no debe interrumpir la posibilidad de avanzar en la retoma de la conectividad aérea. Si no pueden venir las empresas estatales, lo pueden hacer las privadas. Hay que establecer requisitos sanitarios más o menos equilibrados, para el viaje de personas. También, un régimen de doble tributación para que estén reguladas las compras en ambos lados, así como un régimen de protección a la inversión que garantice, sin riesgo, la recuperación y repatriación de capital.
Tenemos gran expectativa por el retorno de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) porque el régimen legal entre Colombia y Venezuela se encontraba previsto en ese marco. Al salir Venezuela de la CAN, dejó de estar regulada por más de 700 normas que establecían el mercado común. Ya hay solicitud de Venezuela para regresar a la CAN y a Mercosur, una gran oportunidad para la recuperación económica en los dos grandes bloques de integración económica regional.
Senadora Gloria Flórez, presidenta de la Comisión Segunda del Senado de la República de Colombia. Política Integral Migratoria de Colombia: retos legislativos. Estamos viviendo un nuevo tiempo con la reapertura de las relaciones diplomáticas, comerciales y económicas entre los dos países, luego de muchos años de cierre. Desde el Congreso de la República lo hemos asumido como una prioridad, dada las implicaciones que tiene Venezuela para nuestra situación económica, política, social y ambiental, reconociendo que en el pasado fue el segundo socio comercial de Colombia, y que la ruptura tuvo implicaciones graves para ambos países. El compromiso del Congreso está centrado en un trabajo conjunto con la Asamblea Nacional de Venezuela, para escuchar las voces de las fronteras, especialmente sectores de la sociedad civil, la academia, gremios económicos, alcaldes y gobernadores fronterizos. El 21 de octubre tendremos nuestro primer encuentro binacional, para formalizar el proceso de acompañamiento al restablecimiento de las relaciones. Será un encuentro enfocado en concretar la unión de los dos parlamentos y consolidar el plan de trabajo dirigido al acompañamiento de la frontera en 5 subregiones que hemos identificado como prioritarias: 1) Caribe colombiano – Zulia, 2) región andina colombiana – Táchira, Mérida y Zulia, 3) Arauca – Apure y Barinas, 4) Vichada – Apure y Amazonas, y 5) Guainía – Amazonas. Los problemas asociados a la frontera pasan por el tema comercial, todavía hay vacíos y necesidad de avanzar en aranceles y aduanas. También por los problemas derivados de la seguridad en la frontera, se trata de ir construyendo las relaciones para garantizar la seguridad humana para los pobladores, y la normalización de los pasos fronterizos para garantizar el flujo poblacional de un país a otro, que amerita una atención especial. El tema migratorio es prioritario, el paso de venezolanos hacia Colombia y viceversa, entendiendo la complejidad que reviste siendo Colombia un país de acogida y de tránsito, no solo para venezolanos sino para otras nacionalidades, con la necesidad de políticas garantistas de derechos humanos. Otro eje importante para abordar tiene que ver con la problemática social que se vive en las zonas fronterizas. Por ejemplo, el área metropolitana de Cúcuta tiene complejidades altas en materia social como la falta de empleo, informalidad, problemas en educación y salud incrementados también con la migración. Y por último, el tema ambiental, está revestido de gran importancia.
El gobierno de Colombia, como las autoridades locales y departamentales, en el caso de Norte de Santander y Cúcuta, entienden la necesidad de revitalizar la economía, que el proceso de apertura favorezca la balanza comercial entre las dos naciones y permita el impulso a procesos de desarrollo integral en las zonas fronterizas. El desafío común es reactivar los procesos productivos articulados en las poblaciones de la frontera, estableciendo políticas públicas que lo garanticen. Yo seré ponente de un proyecto de ley que radicó el ministerio de Comercio y el gobierno colombiano, para reactivar el tránsito de mercancías y transporte de carga, para favorecer de manera rápida su normalización. Para Colombia es muy importante el restablecimiento de las relaciones, bajo los principios del derechos internacional y de la Constitución Política, de respeto a la soberanía de los países, no injerencia en los asuntos internos y, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos. Igualmente, quisiera expresarles que debe haber relaciones de cooperación y de hermandad, entre ambos países, para responder de manera conjunta y desde los pueblos y la sociedad civil a los inmensos desafíos que tenemos en nuestra frontera.
Diputado Juan Carlos Palencia, miembro de la Comisión de Integración y Asuntos Fronterizos, Asamblea Nacional de Venezuela. Propuestas para una agenda parlamentaria binacional. Tenemos una relación histórica de 200 años, de lazos amistad, consanguinidad, comerciales, necesitamos un lenguaje de frontera y de integración. Quisiera primero resaltar que parte de la agenda que debemos priorizar tiene que ver con el comercio binacional. Se deben revisar y simplificar los trámites aduaneros, pues del lado colombiano duran 48 horas, mientras que del lado venezolano pueden durar más de 15 días. Recientemente solo han pasado contenedores con productos de ferretería, plásticos y textiles, pero no ha pasado una sola carga de alimentos debido a los trámites largos y tediosos que solicita la aduana venezolana, desde Caracas, con permisos sanitarios. Desde la Asamblea Nacional estamos abogado por agilizar estos procesos, y que se genere una taquilla única de importación y exportación en las principales aduanas, como la de San Antonio del Táchira. Segundo, debemos tener una ley de frontera, aplicable a ambos lados. Tener ordenamientos jurídicos diferentes afecta la relación pendular de las comunidades de la frontera, se calcula cruzan 30.000 personas diariamente; es importante que haya un carné fronterizo. Actualmente Colombia cuenta con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) y el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), que les permite circular en Colombia. Nuestra propuesta es que en Venezuela en los estados fronterizo, se pueda acceder a un carné que le permita a los ciudadanos abrir cuentas bancarias y acceder a servicios en Colombia, y viceversa para los colombianos que deseen hacerlo en Venezuela. Tercero, que se establezca desde ya la cooperación entre los organismos de seguridad de Colombia y Venezuela, policiales y de inteligencia, para compartir información y desalojar a los grupos ilegales armados y a las bandas criminales de la frontera. Apostamos a la paz y a la vida en la frontera, sin preocupación y zozobra. Cuarto, debemos retomar los acuerdos de cooperación que ya se tenían firmados. Por ejemplo, entre el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) de Venezuela y la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil (Aerocivil) de Colombia, así el aeropuerto Juan Vicente Gómez de San Antonio, recibía ayuda del aeropuerto Camilo Daza de Cúcuta, con el sistema de aterrizaje instrumental (ILS). Cuando se rompieron las relaciones se perdió ese acuerdo, fundamental para funcionamiento del aeropuerto en San Antonio.
Apostamos a la integración total, queremos que la frontera vuelva a ser la más activa de América Latina, que trajo progreso y desarrollo para la región. Así, permitiremos la creación de empleos y oportunidades. La Asamblea Nacional tiene la voluntad política, legislativa y binacional para esto. También vemos esa voluntad por parte del Congreso colombiano. Hemos venido haciendo encuentros con diferentes sectores de la sociedad civil de Colombia y Venezuela, y debo reconocer que la diplomacia ciudadana le ganó a la diplomacia de los gobiernos. Antes que los gobiernos centrales decidieran restablecer relaciones, hubo encuentros entre la Cámara de Comercio de Cúcuta y Fedecámaras Táchira, reuniones entre la Asociación de Auxiliares Aduaneros del Estado Táchira (Asoata) y la Federación Colombiana de Agentes Logísticos en Comercio Internacional (Fitac), entre la Federación de Empresarios del Transporte de Carga de Colombia (Fedetranscarga) y las centrales de Transportes de Venezuela. Todo esto demuestra un relacionamiento activo para superar los obstáculos de la integración.
Preguntas y discusión
– ¿Cuál cree que será el papel de Ley 2135 del 2021 de fronteras, frente a la nueva realidad de la frontera de Colombia y Venezuela?
Juan Carlos Palencia. El alcance que tenga la Ley de fronteras dependerá de la voluntad política y jurídica, tanto de la Asamblea Nacional vnezolana como del Congreso colombiano. La Ley de fronteras debe abordar temas sensibles en economía, salud, educación y seguridad. Con voluntad política se podría consolidar una sola ley aplicable en ambos países. Depende de nosotros que se materialice y que tenga buen alcance en los estados, departamentos y municipios fronterizos. Dejar una estructura viable para la construcción de un ordenamiento jurídico de frontera.
Eduardo Trujillo. Quisiera hacer dos preguntas. La primera, sobre el acceso a documentos de personas de nacionalidad venezolana que se encuentra en Colombia. ¿Qué esfuerzo se puede hacer para garantizar el acceso a documentos a estas personas, teniendo en cuenta que deben ser emitidos por autoridades venezolanas? Y segundo, sobre la pérdida de control territorial por parte del Estado venezolano y del Estado Colombiano frente a grupos armados ilegales, ¿cómo proponen abordar, desde la Asamblea Nacional y desde el Congreso, esta realidad con efectos negativos en derechos humanos para las poblaciones de ambos países?
Oscar Ronderos. Reestablecidas las relaciones diplomáticas y consulares, y establecido un cónsul venezolano en Cúcuta, y las principales ciudades de Colombia, éste tendría las facultades de emisión de cédulas de identidad, pasaportes y documentos que acrediten la identificación de ciudadanos venezolanos residentes en Colombia, sea cual sea la razón de su migración. Del mismo modo pasará con los ciudadanos colombianos residentes en Venezuela. Esta es una de las grandes virtudes del restablecimiento de las relaciones y del reconocimiento de los dos gobiernos. Con documentos reconocidos en los dos países, se promueve el consumo y crecimiento económico, pues se facilita el acceso a bienes y servicios.
Con relación al segundo tema, nosotros como venezolanos debemos apostar al éxito de las conversaciones de paz del presidente Petro con el ELN, y otros grupos irregulares. Venezuela es garante en estas conversaciones, y que se acojan estos grupos a la justicia favorecería a ambos territorios, sin espacios de tolerancia.
Juan Carlos Palencia. En los próximos días se estará recuperando la sede de la embajada de Venezuela en Bogotá, para que los servicios de expedición de pasaporte y cédulas puedan retomarse. También tenemos un consulado en Cúcuta, para atender a los nacionales venezolanos. Recordemos que hay aproximadamente 2.300.000 venezolanos viviendo en Colombia. En la última visita de la Comisión de Frontera al puente internacional Simón Bolívar, logramos abrir el punto de migración de Venezuela y reactivar la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) en San Antonio, para la emisión de todos estos documentos. También estamos solicitando que se simplifiquen los trámites en materia de solicitudes del SAIME.
Sobre la presencia de grupos armados y la pérdida del control estatal producto del abandono y de la ruptura de relaciones, esperamos que se retomen las acciones de cooperación que permitan recuperar la frontera, entre la Guardia Nacional venezolana y el Ejército colombiano, entre las instituciones de policía, para garantizar seguridad y tranquilidad a los ciudadanos que cruzan a diario.
II parte. Presentación del libro de PCCV “Colombia-Venezuela: balances y retos”, ideas y propuestas.
Socorro Ramírez, PCCV. Celebramos mucho esta sesión binacional, en formato híbrido presencial y virtual. Haremos una rápida síntesis de lo que ha sido este esfuerzo binacional, concluyendo una etapa en este semestre. El esfuerzo de PCCV arrancó a finales de 2019. Justo cuando las tensiones y rupturas entre los gobiernos centrales de los dos países incrementaron, hubo muchos llamados de ambos lados para que reviviéramos iniciativas académicas y ciudadanas que habíamos desarrollado desde los años 80, haciendo un seguimiento conjunto de problemáticas compartidas por Colombia y Venezuela. Desde septiembre de 2019, hasta principios de 2020, tuvimos una serie de encuentros presenciales con sectores ligados a los asuntos binacionales. En enero de 2020, reunimos en Cúcuta a los alcaldes y gobernadores recién electos de municipios y departamentos fronterizos de Colombia con Venezuela, y también nos reunimos con las comisiones legislativas de ambos países para analizar la situación. En el segundo semestre de 2020, hicimos sesiones binacionales amplias virtuales, en medio de la pandemia, con diversas organizaciones, y escuchando a las comunidades indígenas binacionales o transfronterizas. Tuvimos diálogos muy interesantes con las cámaras de comercio, gremios económicos, universidades, y distintos sectores de la sociedad civil. Desde junio de 2022 empezamos esta fase de encuentros virtuales y presenciales en universidades en Bogotá como la Nacional de Colombia, el Externado, la Jorge Tadeo Lozano, y ahora con la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Próximamente sacaremos una nueva publicación de estas reflexiones con propuestas e iniciativas que han surgido a ambos lados. El libro “Colombia-Venezuela: balances y retos” puede ser descargado en el siguiente enlace: https://puentescolombiavenezuela.org/colombia-venezuela-balances-y-retos/
Con Ligia presentaremos algunas de las principales ideas analizadas en cada eje desarrollado.
1) Las crisis y posibles salidas a la situación que vive Venezuela. Hemos analizado las diversas dimensiones y complejidades de las crisis económica, institucional, social, humanitaria, de seguridad y los efectos que han generado; como también los distintos intentos de negociación, que ojalá abran camino a salidas de esas crisis, y tratando que desde Colombia se conozca este proceso para que sea un país que ayude en una perspectiva de generación de alternativas.
2) La construcción de paz en Colombia, especialmente en la frontera colombo-venezolana. En este eje escuchamos al jefe negociador del gobierno de Colombia y también del partido Comunes de la ex FARC, que en 2016 lograron el Acuerdo de Paz. También hemos examinado el grado de implementación de ese Acuerdo, en particular en la frontera, donde, por ejemplo, los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) eran vistos con gran expectativa porque permitían generar posibilidades para que las comunidades locales repensaran el territorio y tuvieran iniciativas para enfrentar los problemas de debilidad institucional, pobreza, economías ilícitas. Al mismo tiempo, hicimos un balance de los intentos de negociación del gobierno colombiano con el ELN, que, como se ha mencionado, asume una condición binacional, aunque con actuación distinta a cada lado.
3) La articulación fronteriza. En este eje hemos tratado de mostrar el grave error que comenten los gobiernos centrales de asumir la frontera como la raya limítrofe. Reducirla a esa línea, y a un asunto de soberanía y de seguridad nacional, ha hecho que se desconozca que las zonas fronterizas son interacciones con lazos culturales, sociales, familiares, y de complementariedad económica y comercial. Cerrar la frontera se ha traducido en el cierre de los 7 pasos fronterizos formales que existen en 2.219 kilómetros, en una renuncia de los Estados a estar presentes y ayudar a esos flujos fronterizos, esos cierres obligan a población y comercio a buscar vías informales para ir al otro país, y los grupos armados irregulares aprovechan la ausencia estatal para controlarlas con violencia.
Hemos recibido muchas propuestas e iniciativas concretas, las cuales las hemos transmitido a las entidades responsables, para que puedan generarse dinámicas positivas a ambos lados. Hemos apoyado varias iniciativas, que las cámaras de comercio y los gremios económicos lograron construir, para la reapertura de pasos fronterizos formales y de servicios consulares. Es importante que este esfuerzo pueda generar una amplia discusión binacional.
Ligia Bolívar, CDH-UCAB. Concentraré mi intervención en dos ejes de trabajo de PCCV, la migración y la reconstrucción de la relación binacional.
4) Éxodo desde Venezuela. En este eje nos referimos a distintos sectores, no a un grupo homogéneo, de un flujo migratorio mixto. El primer sector está conformado por migrantes venezolanos, con la característica principal que su migración fue promovida por una situación humanitaria compleja. El segundo, por refugiados o solicitantes de refugio por persecución política y con necesidad de protección internacional. El tercero, por población pendular con necesidad de acceso a bienes y servicios. El cuarto, de retornados, que engloba varias categorías: colombianos que salieron del país por el conflicto armado y que ahora regresan en condiciones difíciles; colombianos de segunda y tercera generación que tienen derecho a nacionalidad. El cuarto, los grupos indígenas transfronterizos. Luego, hemos agrupado los retos y la situación actual sobre la migración, en tres puntos. En primer lugar, qué se ha hecho bien y qué hay que mantener. En segundo lugar, qué hay que profundizar. Y tercero, qué se debe cambiar y corregir de lo que se ha venido haciendo en materia migratoria en los últimos 5 años. En lo que se ha hecho bien, mantener una frontera abierta, sin visas como el caso de Brasil, ha sido positivo y favorable. En el caso de otros países, el afán por un excesivo control termina en un mayor descontrol. También resaltamos el Estatuto Temporal de Protección (ETP) y las iniciativas legislativas que se han tomado en materia de prevención de riesgo de apatridia para niños nacidos en Colombia, de padres venezolanos. En cosas a profundizar, sobre el tema de integración, no bastan documentos de identidad, o una regularización, sin el acompañamiento de políticas públicas y del sector privado que aseguren que los migrantes se integren en las comunidades en las que viven. En lo que hay que cambiar, o corregir, ciertamente el principal problema está en el área de refugio. El sistema de refugio colombiano es disuasivo, lento y poco transparente. Durante el tiempo de solicitud de refugio, la persona que está realizando el trámite no tiene la posibilidad de trabajar. El sistema está creado más desde la perspectiva del control migratorio que desde la perspectiva de protección internacional. Este es uno de los grandes retos a cambiar, relacionado también con reformas de la legislación en el área migratoria. La Ley 2136 de 2021, que reglamenta la Política Integral Migratoria, en el tema de refugio remite al Decreto 1067 de 2015, anterior al inicio de la crisis migratoria, por lo que no responde adecuadamente a la situación de las personas con necesidad de protección internacional. Vemos buenas señales en este momento por parte del gobierno colombiano. Hay un discurso muy claro y contundente por parte del presidente Petro del refugio como derecho humano, rechazando la insinuación de solicitud de extradición de venezolanos que se encuentran en Colombia hecha por Diosdado Cabello. También la señal dada por la vicecanciller Laura Gil, quien anunció que se empezará a utilizar la definición ampliada de la Declaración de Cartagena, ley dentro de Colombia, para acoger a la población venezolana solicitante de refugio. Y un tercer anuncio, del director de Migración Colombia Fernando García cuando estuvo en la frontera entre Norte de Santander y Táchira, sobre la reactivación del uso de la cédula de identidad de ciudadanos venezolanos como documento para el tránsito por la zona fronteriza. Creemos que también es importante aprovechar los esfuerzos hechos para los migrantes venezolanos en función de las necesidades de otras poblaciones migrantes, o en tránsito, como haitianos y cubanos. Hay disposición al diálogo y a la recepción de propuestas elaboradas por mucho tiempo por la sociedad civil.
5) Reconstrucción de la relación binacional. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas y consulares, es crucial para los venezolanos que viven en Colombia como para los colombianos que viven en Venezuela, contar con servicios para el ejercicio de distintos derechos. Otro tema asociado a la reconstrucción de la relación es la reinstitucionalización. Los diputados Ronderos y Palencia hablaban de las demoras que se producen en la frontera para la nacionalización de mercancía del lado venezolano mucho más lenta, engorrosa y centralizada que del lado colombiano. Preocupa que esto también pueda pasar con los consulados, por lo que la reinstitucionalización puede convertirse en un problema, teniendo en cuenta las expectativas de más de 2 millones de personas venezolanas que esperan que se restablezcan estos servicios. Dentro del marco de la reconstrucción de la relación, hemos visto con buenos ojos los llamados e intenciones del presidente Petro para estimular un regreso de Venezuela a la CAN, a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Recodemos que, aunque se habla mucho de bloqueos y sanciones de estas organizaciones, no fueron las medidas adoptadas por ninguno de los tres últimos gobiernos de los Estados Unidos -Obama, Trump o Biden-, sino que fueron decisiones unilaterales de salida por parte de Venezuela. Muchos de los elementos mencionados en las ponencias de los parlamentarios, sobre la facilitación del tránsito entre los dos países, la apertura de cuentas bancarias, la nacionalización de mercancías, etc., serían facilitados si se retoma la integración a la CAN, por ejemplo.
Preguntas y discusión
Eduardo Trujillo. Quisiera consultarle a Socorro y a Ligia, ¿cuáles creen ustedes que son las prioridades en la agenda binacional? ¿Cuál sería el primer paso que debe darse?
Socorro Ramírez. Hay que lograr la plena reconstrucción de la relación, como ya lo señalaba Ligia, con implicaciones muy concretas. En los pasos fronterizos, muchas personas siguen sometidas al paso peatonal restringido, sin permitir el paso de vehículos. De igual manera, hay toda una institucionalidad que los dos países tuvieron, que fue útil porque permitía tener espacios permanentes de tramitación de todo tipo de asuntos. Me refiero a un diálogo constante e institucionalizado entre autoridades locales de ambos lados, y a la existencia de organismos como la Comisión presidencial de asuntos fronterizos colombo-venezolanos (Copiaf), que permitía el procesamiento constante de diversas problemáticas. No se trata solo de que los presidentes hablen, que es necesario pero insuficiente, se deben reactivar los mecanismos que faciliten la regulación de esos procesos.
Ligia Bolívar. Uno de los retos de estas prioridades, es que se tenga a las personas como centro y eje del proceso. El embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, ha hecho anuncios positivos desde el punto de vista económico y comercial, pero no ha habido acercamientos con la sociedad civil venezolana ni con la comunidad colombiana residente en Venezuela, teniendo en cuenta que los principales retos están relacionados con el tema migratorio y la crisis humanitaria.