A partir de octubre de 2019 se puso en marcha una propuesta ciudadana dirigida a articular y multiplicar iniciativas de las zonas fronterizas y del interior de ambos países, en favor de una salida negociada entre los venezolanos, del fortalecimiento de la relación fronteriza y binacional, y de la construcción de paz en Colombia. Un grupo coordinador facilita la participación desde la frontera, las capitales y ciudades del interior de ambos países para realizar un seguimiento de la situación y fortalecer nexos positivos.

Un primer pronunciamiento colectivo fue suscrito por más de 200 personas vinculadas a universidades y organizaciones sociales de ambos países. El comunicado y la iniciativa misma han recibido el apoyo decidido desde varios países e instituciones internacionales.

El primer Diálogo Ciudadano Binacional

Fue realizado en Bogotá el 13 y 14 de noviembre de 2019, con apoyo de Diakonia y del Instituto de Paz de Estados Unidos, debatió cinco ejes a partir de las experiencias de organizaciones sociales, académicas y empresariales participantes. 1) Colombia-Venezuela: necesidad de reconstrucción de la relación binacional. 2) Frontera: nexos positivos y asuntos de seguridad, 3) Migraciones: situación humanitaria y derechos humanos, 4) Economía: desarrollo fronterizo y binacional, 5) Escenarios de solución democrática a la crisis venezolana.

La primera parte del Diálogo examinó la coyuntura política de Venezuela y de Colombia, y analizó los costos para ambos países -en especial para las fronteras- del cierre de espacios consulares así como de todos los canales institucionales para el manejo concertado de esa compleja y abigarrada vencindad; evaluó las consecuencias del paso del entrecruzamiento económico mutuamente ventajoso a la divergencia de modelos y a la liquidación de una fuerte integración binacional; y revisó estudios sobre la proliferación de grupos armados ilegales y criminales de todo orden en las fronteras, que imponen con violencia regulaciones a su favor.

Luego escuchó testimonios del éxodo desde Venezuela: comunidades indígenas binacionales que se desplazan hacia este lado de la frontera, población que entra y sale buscando bienes y servicios en Colombia, caminantes que recorren este país o siguen al sur del continente y muchos regresan al no encontrar alternativa, oleadas de venezolanos que se han radicado aquí, y colombianos que retornan con familia binacional. También escuchó a organizaciones que desde la Guajira hasta el sur de Colombia prestan atención solidaria y defienden los derechos de esta población vulnerable, sometida a grandes riesgos. De hecho, a algunos se los coopta como mano de obra barata, por grupos criminales que no vacilan en matarlos para no pagarles. Muchas mujeres son sometidas a trata de personas, prostitución, violencia sexual. Hay niños explotados para la mendicidad. Y la xenofobia aumenta. En busca de votos, organizaciones políticas atizan el nacionalismo o intentan justificar su incapacidad para resolver problemas sociales. Se responsabiliza al migrante del desempleo y la inseguridad.

Al final, el Diálogo analizó la crisis multidimensional y compleja de Venezuela así como los escenarios de salida que se hacen más complejos. El régimen maniobra a su favor mientras la protesta social ante la falta de garantías y el esfuerzo por supervivir, se ha debilitado; las alianzas opositoras han carecido de estrategia conjunta frente a la vía electoral negociada o a cómo conciliarla con medidas que reduzcan la confrontación y promuevan la convivencia. El Mecanismo de Oslo entró en estancamiento y crisis.

El segundo Diálogo Ciudadano Binacional

Fue realizado el 27 de enero del 2020, en Cúcuta, en colaboración con el Institut Català Internacional per la Pau, Oxfam y el Instituto de Paz de Estados Unidos, reunió a PCCV, con autoridades colombianas de la frontera con Venezuela. El Diálogo arrancó con un análisis de la crisis social, política, institucional y económica de Venezuela, y los problemas en la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia.

Luego, revisó los cinco ejes temáticos que se resumen a continuación.

1. Seguridad fronteriza. Con la ruptura de relaciones y de la institucionalidad para la vecindad, tras el cierre de pasos fronterizos formales y de toda comunicación intergubernamental, se han fortalecido estructuras armadas ilegales que aprovechan la crisis binacional y el rebusque en que más del 70% de la población tiene que vivir. La corrupción es generalizada, hay complicidad en ambos lados con los violentos que controlan trochas, narcotráfico, contrabandos, flujos de mercancías y personas a lo largo de la frontera.
2. Intercambios económicos: con la ruptura de relaciones diplomáticas y la salida de Venezuela de la Comunidad Andina, se ha pasado del entrecruzamiento de las economías a un régimen de informalidad e ilegalidad. El registro del comercio formal binacional en 2019 fue de menos de 250 millones de dólares aunque -según cifras estimadas por la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana- pudo alcanzar más de 1.500, incluyendo el comercio que genera el paso diario de miles de venezolanos para realizar compras en Colombia. Los grupos armados irregulares y criminales se están quedando con una buena parte del comercio y el contrabando por las trochas donde practican extorsiones, chantajes, lavado de activos, pagos en divisas fuertes, oro o pesos de origen dudoso. Cúcuta experimenta un espejismo pues el fuerte flujo comercial no se traduce en desarrollo al no existir canales legales para regular y fomentar el intercambio entre ambos países. El cierre de fronteras impuesto por los gobiernos centrales menosprecia las angustias de la población y desconoce cómo podría ayudar al mejoramiento local la regulación transparente de los flujos económicos, la habilitación de consulados, de sistemas aduaneros, puentes y pasos formales para el transporte de carga y libre flujo de mercancías, y las transacciones entre intermediarios financieros confiables.
3. Éxodo desde y en Venezuela. El perfil de la población migrante ha variado con el transcurso de los años. Con el paro petrolero de 2002, salieron técnicos, empresarios y profesionales. En 2015, huyeron miles de jóvenes que, con la perspectiva de permanecer donde encuentran refugio, llevan luego a su familia. En 2017, el éxodo se amplió al sector popular que no consigue empleo ni ingresos para sobrevivir (gana en 1 mes lo que en informalidad podría ganar en 1 día en otro país). Muchos venezolanos se desplazan hacia Caracas y algunas capitales que se han desocupado y viven de la dolarización con las remesas recibidas; distinta es la situación en zonas rurales que van al arco minero del Orinoco a conseguir algún ingresos.La mayor migración se enruta hacia Colombia donde primaba cierta empatía y reciprocidad por la recepción de aquellos colombianos que buscaron en Venezuela alternativas económicas o protección frente al conflicto armado. Algunos la consideraron de corto plazo y esperaron que sería atendida con recursos internacionales. Otros sectores ahora ven la oportunidad de cohesionar electorado presentando la atención del éxodo como desatención a los nacionales y a los llegados en los últimos años como provocadores dedicados a desestabilizar a Colombia. Urge, pues, un liderazgo social, político e institucional capaz de entender la migración que llega o pasa por Colombia, de asumir el reto que esta significa a largo plazo y lo importante que es su inserción positiva en lugar de negarla o instrumentalizarla.
4. Aplicación de principios de la Constitución de 1991 que fundamentan la política exterior colombiana -respeto de la soberanía, del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, y la integración regional-, y permiten el ejercicio de autonomía y diplomacia territorial por parte de las autoridades fronterizas para construir buena vecindad, acordar regímenes especiales o programas de cooperación e integración para fomentar desarrollo social, servicios públicos, preservación ambiental y ayudan a atender e integrar el éxodo desde Venezuela.
5. Incorporación de líneas de acción e iniciativas relacionadas con la problemática de cada ámbito fronterizo en los planes de desarrollo local y ordenamiento territorial para esos municipios próximos a Venezuela. El Diálogo examinó herramientas, limitaciones y desviaciones de los ejercicios de construcción social de esos planes, y mostró disposición para -en medio de la crisis venezolana y la ruptura de nexos institucionales- ayudar a incluir temas y acciones concretas que afronten las dinámicas fronterizas, la migración y la paz territorial.

Conclusiones y propuestas

• Debatir con cancillería y las comisiones segundas del Congreso colombiano sobre puesta en marcha de la Comisión de Relaciones Exteriores, revisión de la política hacia Venezuela, y reapertura de consulados empezando por los de la frontera.
• Reinstalar mesas de diálogo económico, para ayudar a destrabar las relaciones, abrir puentes y pasos fronterizos, mejorar infraestructuras para el comercio legal binacional.
• Considerar las distintas dinámicas de movilidad humana en La Guajira, Perijá, Cúcuta, Arauca, Orinoquía y Amazonia, que requieren acciones específicas no diseñadas solo desde Bogotá ni reducidas a campamentos de asistencia. La ley migratoria tendría que garantizar coordinación local y nacional, apoyos de respuestas concretas a cada modalidad local que se presente para que su inserción empuje el desarrollo territorial.
• Ayudar a los entes territoriales a asumir las posibilidades constitucionales y legales con las que cuentan, y amplificar su voz para que el centro político no limite sus planes.
• Apoyar a los gobiernos departamentales y municipales en la formulación de planes de desarrollo, ordenamiento y paz territorial, atención humanitaria e integración positiva del éxodo desde Venezuela.

El siguiente evento “Colombia-Venezuela: más que un conflicto”, se desarrolla el 29 de febrero en el auditorio de la Universidad Tadeo en Bogotá, con la presentación de los Diálogos realizadas por PCCV a los rectores de Universidades y con el concierto de la orquesta juvenil binacional.