I. Perspectivas y retos de la negociación para la transformación del conflicto en Venezuela

Intervención de Miguel Pizarro, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y comisionado ante la ONU. Para poder entender las perspectivas planteadas es importante comprender que la Venezuela de hoy no es la misma de hace diez años, de hace cinco años e incluso de hace un año.
El conflicto venezolano no es solo de dos partes políticas. Un grupo político que tiene control completo del Estado y de sus instituciones, está dominando y acallando su población, su territorio y cualquier forma de oposición. No se percibe una situación de negociación inminente que implique la entrega del poder, con lo cual el régimen siente que tiene posibilidades de sortear la negociación y sobrevivir la presión económica e institucional. Hay dos variantes sobre esta perspectiva de negociación. La primera, considera que el Estado no aguantaría el colapso de la economía. La población, que está luchando por recursos y servicios públicos, difícilmente va a luchar por demandas políticas y elecciones libres, por lo cuál debe haber una primera línea de conexión antes de una negociación. Y la segunda perspectiva plantea que, si bien desde el exterior se solicita la unidad de la oposición para sentarse a hablar con Maduro, desde Venezuela también se solicita que haya una sola aproximación internacional para presionar al régimen, que abra las puertas para sentarse a negociar con presión y garantías. La negociación no implica simplemente la consecución de elecciones, el problema institucional actual implica que se pueda construir el país, de forma que no se reediten conflictos luego de un posible acuerdo.
Para que la negociación tenga sentido deben considerarse los siguientes puntos. La sociedad, además de pelear contra el gobierno, intenta abrirse un espacio frente a otros grupos, gremios y organizaciones para ser escuchada. Estas fracturas han sido aprovechadas por el régimen, y hace más necesario poder conectar esa lucha reivindicativa entre grupos sociales. Así mismo, la crisis en Venezuela se está volviendo parte del paisaje internacional y si se pierde el sentido de urgencia y de asombro, frente a la crisis humanitaria y a la violación de derechos humanos, se pierde la presión internacional. Es importante resaltar los intentos actuales de negociar con el régimen asuntos
humanitarios urgentes como la entrada al Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (COVAX) o la seguridad alimentaria, asuntos que deben salir de la confrontación política y sobre los cuales se han logrado acuerdo parciales, representando buenos puntos de partida para una negociación.
Finalmente, hay dos reflexiones significativas frente al qué hacer y cómo hacerlo. Primero, es importante mostrar lo inviable que es que la región avance sin que la crisis en Venezuela se resuelva.
La negociación política avanzará si se pone como centro ayudar a aliviar el sufrimiento de miles de venezolanos, recuperar el voto y los mecanismos de elección y garantizar la observación internacional. Y segundo, la importancia del rol de la comunidad internacional, pues pensar en una negociación en la que no haya compromisos de actores internacionales la hará débil, pues se ha romantizado un poco el hecho de resolver la negociación únicamente desde los actores internos en Venezuela.

Intervención de Colette Capriles, profesora e investigadora de la Universidad Simón Bolívar, en Caracas, y analista política. Propone analizar las posibilidades de una negociación para Venezuela desde la teoría del cambio político, y ver cómo se relaciona esta teoría con la dinámica de la coalición de la oposición. Para negociar, se necesita que los actores políticos perciban que se puede estar mejor tras una negociación, ceder para ganar o estar mejor y la voluntad cambiar el statu quo. Sin embargo, se presentan ciertos obstáculos para seguir la ruta del cambio político. El primero, referente a las líneas base que cada actor político tiene para encarar el conflicto, las cuales corren paralelas y no logran encontrarse en zonas de posible acuerdo. Por un lado, Maduro desea permanecer en el poder y percibe la alternatividad como amenaza y, por el otro, la oposición desea ser gobierno y reconstruir/recuperar la democracia. Un segundo obstáculo son las asimetrías de los actores, especialmente en el tema de unidad. La coalición dominante (el gobierno y las fuerzas oficialistas) está unida por lazos muy fuertes de lealtad, clientelismo, disciplinarios y por una unidad de propósito de permanecer en el poder. Por su parte, la coalición de la oposición tiene fracturas estructurales, su concepción depende de las relaciones internas entre los grupos que la conforman y que se encuentran luchando por la hegemonía de la oposición, e impedir la estabilización de Maduro en el poder a corto plazo. La fórmula a la que apunta la oposición para el cambio contempla la deslegitimación del régimen, la ruptura de la unidad oficialista y finalmente su colapso. Sin embargo, desde 2014, la fracturación de la oposición fortaleció a Maduro, pues le permitió desconocerla y tratarla de subversiva. Esto representa una problema de agencia de cambio, desde el punto de vista de la oposición, pues no hay un agente/actor claro, sumado a que tener un bloque o agente moderador no es popular entre los actuales actores.
En 2019 se produjo una paradoja en los intentos de negociación, ambos lados querían llegar a unas elecciones siendo competitivos, pero se entendió de forma distinta. Para el régimen, significaba llegar a elecciones sin restricciones, recuperar su fuerza electoral y poder seguir siendo hegemónico. Para la oposición, significaba que hubiera las condiciones básicas, institucionales y políticas para la alternatividad y para democratizar. Pero en agosto del mismo año se aumentaron las sanciones, con un modelo de transición pactado, lo cual agravó la situación. Actualmente, es necesaria una nueva teoría del cambio para Venezuela que venga acompañada de dos elementos. El primero, la dimensión temporal que contemple que el cambio no se podrá producir a corto plazo y, a su vez, que el régimen de Maduro no será eterno. El segundo, que es necesaria una reconstrucción del agente de cambio desde la oposición. La negociación se debe enfocar en institucionalizar para la alternatividad, para que existan las condiciones constitucionales y políticas para el cambio. Todas las posibilidades de expresión deben ir dirigidas a reinstitucionalizar lo electoral, lo judicial, el tema humanitario, los derechos humanos y la relación entre el Estado y los ciudadanos.

Intervención de Keta Stephany, profesora de la Universidad Central de Venezuela, miembro del Foro Cívico. La sociedad venezolana está muy fragmentada y escéptica al proceso de negociación, al igual que la oposición política. En el 2019 y el 2020 se perdieron alianzas claves en la coalición, lo cual abonó el terreno para la acción de la oposición frente al gobierno de Maduro. Con la finalización del período de la Asamblea Nacional de 2015 se agudizaron algunas contradicciones en la oposición, lo que ha dificultado su unidad. Pese a lo anterior, el oficialismo también se encuentra fragmentado, apoyado en la suma de cuotas de poder económico y político, que se mantiene para alcanzar mayor poder y control, y con la violación de derechos humanos no hay alternativas para muchos pues tienen a la justicia internacional tras ellos, y tal vez la justicia nacional (si se recupera). También hay disputas sobre quién representa el chavismo y los verdaderos revolucionarios. En otras palabras, el país se encuentra “roto”, de pedazos del oficialismo, de la oposición y de la sociedad civil, y en estas condiciones no se identifican actores representativos con los cuales se pueda entablar un diálogo o negociación. La solución del conflicto en Venezuela debe pasar por un acuerdo nacional que implique ceder en intereses. Por supuesto existen intereses contradictorios, sobre los cuales debe llegarse a consensos más allá de la pugna política. Un ejemplo de ello es el trabajo que está desarrollando el Foro Cívico en un intento por propiciar estos acuerdos; se compone de un conjunto de actores sociales que está tratando de lograr la cohesión interna en la sociedad, de negociar intereses entre los actores de sociedad civil. Los acuerdos parciales entre actores sociedad civil, el oficialismo y la oposición, son necesarios, especialmente en temas humanitarios, como por ejemplo el acceso al COVAX. Para solucionar la crisis no es suficiente la salida de Maduro, cambiando un autoritarismo por otro. La salida debe ser democrática y con instituciones fuertes.

Debate y discusión

– ¿Ha existido conversación entre el gobierno legítimo y el régimen, para llegar a acuerdos sobre la situación humanitaria de los desplazados del estado de Apure hacia Arauca, por la situación de conflicto entre las disidencias de las FARC y las FANB?
MP. No ha habido conversaciones. El régimen ha manejado este conflicto con mucho secretismo. Se han hecho denuncias a la Organización Internacional para los Migrantes, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
CC. Después de las elecciones de diciembre de 2020 el oficialismo se ha sentido cómodo. Sin embargo, el panorama ha cambiado por la agudización de la pandemia y el conflicto de Apure y Arauca. Estas situaciones ponen en jaque al gobierno, especialmente porque la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas se ha visto disminuida y evidenciada en el terreno. Hay necesidad de parte del madurismo de construir gobernabilidad.

– ¿Cómo se percibe desde la población venezolana la violencia más reciente de grupos armados transfronterizos y la posición o papel del gobierno de Maduro en estas acciones? ¿qué medidas de protección o respuestas se han planteado para las comunidades desplazadas por las condiciones de deterioro de la seguridad?
MP. Es claro que Venezuela se ha vuelto un lugar seguro para grupos armados ilegales. Un campamento no se establece en dos días, ni plantar minas antipersonas. Lo de Apure demuestra tres elementos, a) hay grupos irregulares establecidos en territorio venezolano; b) el establecimiento de la práctica de falsos positivos en Venezuela, las Fuerzas Armadas Especiales están reportando asesinatos de insurgentes y no hay verificación de los hechos; y c) el conflicto se ha transformado, con nuevos niveles de gravedad, minas antipersonas y bombardeos en la frontera. Hay enormes retos. En cuanto a la economía, estructuralmente, no está sufriendo mayor cambio. Se han formado burbujas económicas, marcadas en dólares y acceso a cierto recursos como el petróleo, el oro o por relaciones directas con rentas del Estado. No hay una gran reformulación de la economía. El dólar se ha impuesto, por la pérdida adquisitiva del bolívar. Los cambios parciales ayudan en la medida que tengan como norte el cambio estructural, pero hay una desconexión de la sociedad civil también. La base popular venezolana clama por una plataforma que vaya más allá de cambios parciales.
CC. Después de las elección de diciembre de 2020, el gobierno sintió que estaba en control de todo, con una oposición aniquilada y que tenía más espacios de acción. Ahí, se siente seguro de generar mensajes de acuerdos (como con la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Nacional), pues no siente amenazas. Pero se debe considerar como una lectura que hace el régimen sobre el país. Hay presiones de gobernabilidad, el panorama cambió por la pandemia, y por el conflicto de Apure (situación que pone en jaque elementos fundamentales de las formas de control y dominación del chavismo, especialmente sobre la Fuerza Armada). Su capacidad operativa está reducida. Estas amenazas nuevas salen del propio régimen, no obedecen a amenazas de la oposición. Hay necesidad de construir gobernabilidad.

– Cuando se refieren a la reinstitucionalización de los procesos legislativos, judiciales, etc. y a la generación de un gran acuerdo nacional, ¿cuál puede ser el papel de la comunidad internacional en esta dirección? Desde otra perspectiva, para el régimen de Maduro la institucionalidad no necesita reformas y el diálogo interno ha sido mínimo. Desde su visión ¿qué actores estratégicos de la comunidad internacional podrían facilitar tal diálogo para reducir la reticencia del régimen?
– Los acuerdos nacionales o específicos requieren el respaldo de bases populares, o de un movimiento social nacional, articulado con fuerzas locales que respalden las acciones y ejerzan presión sistemática, ¿no creen que sea un gran vacío en las estrategias que se han pensado?

CC. Todo acuerdo debe tener un saldo institucionalizador que pueda abonar a desarrollar condiciones políticas para una negociación, pero no las hay. No las habrá si no cambian las dinámicas que ya se han descrito, entre otras cosas como la representatividad de los negociadores, la unidad de la oposición, la relación entre el proceso de negociación y el después (las garantías y etapas). Debe empezar por alguna de las partes. La ruptura se hará al politizar a la sociedad. La gente no tiene fuerzas para luchar por sus derechos, para reconstruir una coalición sociopolítica. La gente debe comenzar a ver que, dentro de la siniestra situación, se puede avanzar, por ejemplo, en los acuerdos parciales para acceder al COVAX.

II. Diálogo con redes y organizaciones. Presentación del Barómetro de la Xenofobia, una alianza entre El Derecho a No Obedecer, proyecto de la Corporación Otra Parte, el Observatorio sobre Racismo, Xenofobia y Odio de la Fundación Interpreta, el Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia, Fescol y Save The Children.
Intervención de Alejandro Daly, de la fundación El Derecho a No Obedecer, y de Irene Cabrera, de la Universidad Externado de Colombia. En 2018 se empezó a identificar un aumento en los mensajes del odio hacia la población migrante venezolana, manifestado en redes sociales, y una dificultad para sistematizar esta información y poder entender esta problemática, ¿cómo se podría medir los brotes de xenofobia en Colombia? Por este motivo surgió el Barómetro de Xenofobia, iniciativa de la fundación El Derecho a No Obedecer, como una plataforma que sistematiza, analiza y difunde, a modo de información pública, el resultado del análisis de las conversaciones en Twitter, páginas web y medios de comunicación sobre la población migrante venezolana en Colombia. Esto se realiza a través de la metodología de “escucha social” para hacer análisis de contenido, lo que permite definir sentimientos y palabras clave sobre la conversación en redes. De este modo, se han podido establecer cinco dimensiones sobre las que circula la discusión: salud, xenofobia, educación, trabajo y seguridad. El Barómetro de la Xenofobia contempla así los siguientes objetivos:

• Entender y visibilizar el problema de la xenofobia, la desinformación y la incitación al odio en plataformas digitales.
• Alertar sobre la aparición y crecimiento de discursos xenófobos y discriminatorios sobre migrantes y su relación con COVID-19, posibles ataques y manifestaciones de violencia, e intentos de manipulación de la opinión pública.
• Aportar a la oportuna toma de decisiones y medidas de protección y de información pública en respuesta a riesgos a migrantes, al proveer a actores claves información sobre estos riesgos en tiempo real.
• Generar un modelo que sea replicable y escalable en Colombia y América Latina para monitorear y alertar sobre la xenofobia, la discriminación y el odio.
• Analizar contenidos para identificar tendencias y patrones claves en las conversaciones al hacer uso del historial de datos de una red social.
• Estudiar los sentimientos producidos por un tema determinado e involucrar los ajustes de estrategias gracias a la información recopilada.
  Los análisis del Barómetro de la Xenofobia han permitido identificar que cuando aumenta la mención en temas de seguridad y delitos a la población migrante, aumentan los discursos xenófobos en redes sociales, los mensajes de odio y el rechazo. Entre noviembre y diciembre de 2020, Antioquia, Valle del Cauca, Meta y el Caribe colombiano, presentaron la mayor cantidad de mensajes xenófobos. El anuncio del Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos (ETP), por parte del gobierno colombiano, movió las cifras del Barómetro en marzo de 2021. Mensajes xenófobos aumentaron haciendo alusión a la apertura de oportunidades de trabajo para venezolanos o como una estrategia electoral en miras del 2022. Sin embargo, también aumentó un discurso a favor de la integración de la población migrante, especialmente entre el 10 y 11 de marzo debido a las declaraciones negativas de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por el asesinato de un agente de la Policía Nacional. Se ha generado una curva de aprendizaje de los usuarios y al presentar los datos en perspectiva se demuestra que la participación de migrantes en crímenes es baja. Así mismo, el crecimiento de los mensajes a favor de la integración superó en marzo el crecimiento de los mensajes xenófobos, considerando medidas favorables como el ETP. Las figuras públicas y los políticos deben cuidar el discurso que manejan sobre el tema de migración, al hacer comentarios apresurados suelen ser facilitadores de mensajes xenófobos. Muchas personas no conocen a la población migrante de forma directa, si no a través de las conversaciones en redes sociales lo que genera imaginarios colectivos prejuiciosos. El Barómetro ha permitido vislumbrar cómo los mensajes xenófobos hacia los migrantes son acompañados por mensajes misóginos, homofóbicos y transfóbicos. Esto indica que las campañas dirigidas a promover la integración deben tener un enfoque especial hacia las minorías, un enfoque diferencial. El análisis de campañas y programas anti-xenofobia, indica que en
  redes sociales no tienen mucho movimiento, y no es posible hacer un seguimiento con métricas de impacto. Las campañas no deben responder a momentos coyunturales sino generar un eco sostenido a lo largo del tiempo para que sean efectivas.
  Debate
• ¿Han verificado alguna incidencia en los actores políticos de acuerdo con los resultados o tendencias que muestran y analizan?
• ¿Cuál sería el tipo de actor que más favorece la aparición de estos temas xenofóbicos?, ¿tienen alguna exploración subjetiva de la experiencia de los inmigrantes?
  AD. Los medios de comunicación (particularmente los medios locales), la Policía Nacional y los actores políticos han influido en el aumento del imaginario sobre inseguridad y xenofobia. El equipo de comunicaciones de Claudia López hizo un cambio luego de sus declaraciones y de los llamados de atención que usaron las cifras del Barómetro de la Xenofobia (a modo de movilización ciudadana). Esto puede servir a otros funcionarios públicos y puede ser bueno en términos de accountability o rendición de cuentas.
  IC. Los mensajes xenófobos vienen desde ambas orillas políticas, pues se evidencia que no hay cuidado en el discurso. Quienes han incurrido en asociaciones entre migrantes y crimen y violencia, favorecen mensajes xenófobos en línea.
• ¿Cuáles consideran son estrategias claves para confrontar la xenofobia?
  AD. Un tema clave es entender cómo combatir la xenofobia en línea, para esto creamos un Kit anti-xenofobia en línea y estaremos realizando talleres con organizaciones de migrantes en 5 regiones del país. Haremos el lanzamiento de estos a finales del mes de abril. Encontramos que no es fácil o evidente identificar qué es y qué no es xenofobia, y cómo se deben reportar esos mensajes en redes sociales. Y, por otro lado, las grandes campañas anti-xenofobia, como Somos Panas Colombia de ACNUR, no se pueden quedar solo en Bogotá. Es necesario avanzar en campañas en las regiones, fuera de las ciudades principales.
  IC. Hemos estado haciendo una actualización constante de palabras que nos indican las dimensiones analizadas por el Barómetro. Recientemente incluimos la palabra “integración”, lo que ha permitido identificar iniciativas que ayuden a mejorar el discurso hacia la población migrante. Las autoridades nacionales, locales y los medios deben establecer unos parámetros concretos en sus narrativas, e incluir a organizaciones de la sociedad civil para que no se normalicen estos mensajes violentos. También se deben aprovechar las iniciativas sobre el tema desde el gobierno nacional, con el CONPES 3905, que plantea que exista un plan para la formación de la ciudadanía en aras de prevenir la xenofobia, pero no se ha implementado.
• ¿Están dispuestos a abrir la alianza, a comenzar a observar lo que sucede en otros países de la región?
  AD. Ya hemos iniciado los acercamientos para hacer el análisis en Ecuador y en Perú. En Perú se prevé comenzar el primero de mayo de 2021. En cuanto a alianzas, al abrir la categoría de mujeres migrantes desde el Barómetro, se está buscando abrir contacto con el Fondo de Población de las Naciones Unidas y en Perú será una alianza con el Banco Mundial. Por supuesto estamos dispuesto a colaborar con Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela, y con las organizaciones que hacen parte de la red, para lograr hacer más incidencia en estos temas.
  Contacto: info@barometrodexenofobia.org