PCCV con apoyo de las oficinas de Colombia y Venezuela de la Fundación Friedrich Ebert (FES), realizó esta reunión con el fin de continuar su trabajo de diálogo y reflexión sobre la situación binacional y de frontera así como para construir iniciativas y acciones concretas frente a la situación de cada país y de las zonas fronterizas compartidas. La reunión anterior realizó un análisis de la crisis de Venezuela y posibles salidas sostenibles e incluyentes desde la visión de actores internacionales, hizo un recuento de las acciones que PCCV ha llevado a cabo a lo largo de su primer año de trabajo, y estableció un diálogo con Dejusticia sobre las preocupaciones existentes en relación con el proyecto de Ley de Política Migratoria Integral en Colombia.

En esta oportunidad, siguiendo el formato de las reuniones anteriores, la primera sección hizo un balance de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia, y de la profundización del conflicto en particular en el Catatumbo. La segunda sección examinó acciones en el marco del aniversario de PCCV, como el rediseño de la página web para su relanzamiento. Y la tercera sección sostuvo un diálogo con Acción Solidaria, sobre la situación y las acciones de las organizaciones nacionales e internacionales humanitarias en Venezuela. A continuación, se presentan las principales ideas expuestas en la reunión.

I.      Balances de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia

• Existe una preocupación importante sobre la integralidad del Acuerdo de Paz, puesto que la política de Paz con Legalidad del actual gobierno no reconoce que los puntos que lo conforman son interdependientes, es selectiva, se concentra en los temas de interés del gobierno y de su partido. Es importante lograr que se preserve la integralidad del Acuerdo.

1) Con respecto al primer punto, la reforma rural integral, preocupa que aunque se han dado avances a nivel normativo ese proceso sigue incompleto. En la legislatura del año anterior no se aprobaron proyectos relacionados con este punto y en la actual se han presentado proyectos sobre este tema de iniciativa parlamentaria pero no gubernamental. Se ha avanzado en los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), distintas autoridades regionales y locales los han adoptado y vinculado a los planes de desarrollo. Se creó también el Fondo de Tierras, pero las medidas de acceso y formalización no han avanzado como se esperaría. Preocupa que en la información oficial no es posible diferenciar entre acceso, formalización y adjudicación de tierras. Y de 16 Planes Nacionales para la Reforma Rural Integral comprometidos en el Acuerdo solo 6 se han aprobado.

2) En el punto de participación política, se destacan dos hechos positivos: las elecciones regionales y locales del año pasado y la entrada en vigor del Estatuto de la Oposición en lo local. Con respecto al Estatuto, hay unos faltantes normativos que parece se van a cubrir con la reforma al código elec toral. La gran preocupación en este punto del Acuerdo es sobre el deterioro en la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos, las medidas tomadas al respecto no han sido efectivas. Una de las hipótesis al respecto es que hay baja operatividad en los espacios creados por el Acuerdo, en particular en la alta instancia del Sistema Integral de Garantías de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP) y la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Una segunda hipótesis es que el gobierno le ha puesto la fuerza al Plan de Acción Oportuna, pero se desconoce hasta dónde ha llegado el SISEP. No existe la Comisión de Evaluación y Desempeño del Sistema Integral de Protección, ni el Comité de Impulso a la Investigación. Deudas importantes en este punto son la reforma política y las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz como mecanismo para darle voz a las víctimas.

3) En cuanto al fin del conflicto, hay avances importantes y claros como la dejación de armas, los espacios de reincorporación y la persistencia de más de 13.000 excombatientes en el cumplimiento de sus  compromisos. Sin  embargo,  existen  deficiencias  en  cuanto  a  la  sostenibilidad e  inclusión económica y productiva colectiva e individual, 238 excombatientes han sido asesinados y por inseguridad han tenido que ser trasladados algunos espacios territoriales donde se concentraron los exguerrilleros.

4) Para la solución al problema de las drogas, una de las discusiones más importantes se ubica en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS). El compromiso del Acuerdo es la erradicación voluntaria, pero se encuentra prácticamente paralizada. Al contrario de lo pactado, ha tomado fuerza la erradicación forzada y el gobierno busca volver a la aspersión aérea de glifosato.

5) El punto de víctimas, es uno de los que más ha avanzado en institucionalidad y despliegue territorial. La Comisión de la Verdad termina a finales del 2021. La Justicia Especial de Paz (JEP) continúa viéndose amenazada por distintas voces, particularmente por el partido de gobierno que exige modificaciones e incluso su derogación.

6) El punto sobre implementación, verificación y refrendación del Acuerdo, tendrá afectaciones fiscales debido a la pandemia. Hay preocupación sobre las instancias, en particular sobre la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación del Acuerdo de Paz (CSIVI), como espacio para el diálogo y la concertación entre las partes firmantes, que se ha reducido a asuntos más administrativos y logísticos, pero no de concertación política.

• El Acuerdo de Paz en Colombia fue un proceso que puede inspirar a otros países y servir de referencia para el caso venezolano, no para copiarlo sino para explorar opciones. Uno de los elementos interesantes tiene que ver con los mecanismos que se tuvieron en cuenta, tanto en las negociaciones como en la implementación, para reducir el dilema del compromiso. Es decir, para superar el miedo y la desconfianza de cada una de las partes a que la otra la traicione durante la negociación o la implementación. En este sentido, el proceso de paz le dio a este aspecto un lugar central en el proceso.

La negociación estuvo bien diseñada y acompañada, fue un proceso secreto que construyó una hoja de ruta que se respetó, con una metodología clara que se fue ajustando de acuerdo con las dinámica de la negociación, tuvo acompañamiento internacional sólido y acuerdos para la generación de confianza entre las partes. La superación del miedo y el dilema del compromiso puede verse reflejado en la forma en que se diseñó el Acuerdo, que incluyó elementos que reiteraban la importancia de la implementación. También incluyó diversos cambios legales y normativos, e identificó formas para agilizar su implementación. Además, diseñó un conjunto de mecanismos de monitoreo, resolución de conflictos y verificación interna por las partes y por actores externos, que incrementa el costo político de la no implementación, que como es muy alto, es una de las razones que explica el hecho de que la paz no ha colapsado hasta el momento. Asimismo, diseñó mencanismos e instituciones muy significativas para implementar el Acuerdo que han ayudado a que haya podido estar en marcha en un contexto complejo y a sostener el proceso a pesar de la alta polarización y las presiones políticas.

El gran reto que queda está en la capacidad del proceso de paz para lograr cambios estructurales. Si bien el Acuerdo es una buena herramienta de transformación, es cierto que no resuelve los problemas estructurales del país. Por ello, es necesario avanzar en la construcción e implementación de diversos acuerdos que ayuden a abrir el diálogo a nivel nacional, regional y local en este sentido.

• Existe una doble crisis humanitaria en medio de la implementación del Acuerdo de Paz en la región del Catatumbo. Por un lado, debido a que el conflicto armado sigue activo con diversos actores irregulares e impactos de carácter humanitario y, por otro, debido a la fuerte dinámica de migración venezolana. Esta migración tiene implicaciones sobre la implementación del Acuerdo de Paz y viceversa, así el Acuerdo no contemple el fenómeno de la migración y la respuesta a la crisis migratoria no se articule con todos los elementos del Acuerdo. Existe una doble tensión sobre la capacidad limitada del Estado para responder a estas dinámicas de crisis humanitaria y dicha capacidad se termina segmentando en distintas agendas que, aunque coinciden en el territorio tienen respuestas separadas.

Ahora bien, el 11% de la población venezolana que se ha establecido en Colombia se encuentra en Norte de Santander, lo que genera retos para la implementación del Acuerdo de Paz en esta zona del país. En el Catatumbo, dado el contexto de oportunidades económicas limitadas, existe un nivel de dependencia de las poblaciones con respecto a las diferentes economías ilegales (cultivo de coca, contrabando, extracción de madera). La población migrante venezolana, en condiciones de vulnerabilidad, ha encontrado en la informalidad una alternativa de subsistencia y parte de esta se ha integrado a la economía de la hoja de coca.

Al respecto, preocupan las implicaciones que este fenómeno pueda tener en el largo plazo para Venezuela. Si bien no se registran hasta el momento cultivos de coca del otro lado de la frontera, hay migrantes que están en un proceso de aprendizaje sobre esta economía ilegal. Preocupa también que parte de la población migrante venezolana ha sido reclutada por grupos armados ilegales en Colombia, lo que ha sido denunciado por varias organizaciones. Además, se está hablando de una presencia binacional del ELN, en un contexto en el que no hay canales diplomáticos para que ambos países puedan abordar este tema.

Esta situación no es el resultado de la ausencia del Estado en el territorio. En los últimos años, el Estado ha estado bastante presente en el Catatumbo y ha avanzado en acciones, inversiones y proyectos concretos en la región. Por lo tanto, el problema ya no se traduce en la presencia o ausencia del Estado, sino en la forma en la que llega al territorio y su capacidad para construir legitimidad.

Debate: preguntas y respuestas

– ¿Puede mencionar las preocupaciones que quedaron pendientes por presentar, en relación con la implementación del Acuerdo de Paz? 1) Hay preocupaciones en seguridad, por lo cual hay que seguir buscando respuestas satisfactorias en este sentido, y es necesario comprender cuáles son los límites para ejercer el control territorial por parte del Estado. 2) En cuanto a movilización social, es necesario revisar la capacidad de diálogo que se puede establecer entre los compromisos del Acuerdo y las demandas sociales organizadas, como las de la minga indígena. 3) Preocupa también la capacidad de la sociedad, la dirigencia, los sectores políticos y del gobierno para afrontar los procesos de verdad, y los de reparación fuertemente criticados. 4) Preocupa una posible instrumentalización política del Acuerdo en el futuro contexto electoral. 5) La participación de las comunidades es fundamental en los distintos procesos de implementación del Acuerdo.

– ¿Qué acompañamiento de la comunidad internacional tiene actualmente la implementación del Acuerdo de Paz? Los dos países garantes, Noruega y Cuba, siguen cumpliendo ese papel y hacen parte de la CSIVI. No obstante, su accionar es limitado, esa instancia no está realizando un trabajo de concertación sobre discusiones sustantivas. Por su parte, los países amigos siguen trabajando y cada uno está vinculado a temas específicos. Es importante precisar que el acompañamiento de la comunidad internacional ha sido fundamental y definitivo, pero parece no haber interés por parte del gobierno actual para trabajar particularmente con los países garantes.

– ¿Qué tan importante fue el papel de Venezuela en la negociación? Chávez fue muy importante en la fase secreta, previa a las negociaciones, fue una de las personas que motivó a las FARC a explorar la vía de la negociación. Durante las conversaciones, Chile y Venezuela estuvieron como observadores. Cuba y Noruega tuvieron un rol más proactivo ya que fueron garantes y ayudaron a poner en marcha la implementación del Acuerdo. Además, los garantes ayudaron a equilibrar la mesa de negociación y a cubrir en la implementación vacíos económicos, técnicos y políticos. También han cumplido un papel en momentos de crisis o tensiones políticas, para prevenirlas y ayudar a resolverlas.

– Migrantes venezolanos están ligados a varias actividades ilícitas. El problema de fondo es cómo lograr la formalización de sus documentos y de su situación en Colombia. De lo contrario no tienen muchas opciones para sobrevivir en el país ¿Cómo lograr esa formalización? La formalización del estatus de los venezolanos en Colombia es relevante, pero puede que no resuelva el problema de su ingreso en economías ilegales. En la región del Catatumbo hay un problema enorme de acceso a alternativas legales y empleo, situación que se ha agravado con la pandemia. Entonces, la formalización es importante pero insuficiente en un contexto económico y social complejo.

– ¿La situación del Catatumbo en qué se diferencia y en qué se asemeja con los otros espacios fronterizos con Venezuela? La zona del Catatumbo tiene una dinámica que no coincide necesariamente con las otras zonas de la frontera. Son cuatro zonas fronterizas con situaciones muy distintas. El Catatumbo por un lado es la región más inestable con relación al dominio o regulación ilegal del territorio por parte de los actores armados ilegales, por otro, es la puerta más importante para los flujos migratorios con una serie de pasos ilegales, seguida de Arauca. Además, es importante tener en cuenta que la situación se hace más difícil por las características de la población. En el Catatumbo, más del 50% de la población PDET está inscrita oficialmente como víctima y hay un déficit en materia de atención a las víctimas en el país.

– A lo largo de la frontera se agudiza el conflicto y la migración parece reactivarse. Si el Acuerdo no parece ayudar para el avance en torno a lo estructural, ¿cuál es la acción que organizaciones sociales pueden adelantar? Hay un horizonte positivo en cuanto a la conversación que se puede establecer con actores locales, lo cual puede generar interacciones bastante interesantes. Existen, por ejemplo, iniciativas locales que tienen una mesa para tratar temas humanitarios y que han hecho llamados a reactivar la mesa de negociación con el ELN. Hay también nuevos liderazgos o liderazgos reactivados en el Catatumbo. Además, administraciones locales en Norte de Santander han abierto conversaciones sobre alternativas para cultivos ilícitos desde una perspectiva local. Es fundamental en este sentido un diálogo con el gobierno e instituciones, pero también con actores locales.

– ¿Hay cifras de venezolanos en el ELN? No, pero preocupan las denuncias sobre reclutamiento forzado y funcionamiento fluido del ELN entre Colombia y Venezuela. Buena parte de los comandantes del ELN están en Venezuela.

– ¿Cómo apoyar agendas locales de sociedad civil y administraciones locales? ¿PCCV qué puede hacer al respecto? Se puede hacer mucho. Hay organizaciones y actores locales dispuestos a abrir conversaciones. La Fundación Ideas para la Paz (FIP) realizó un mapeo de iniciativas y actores locales del Catatumbo, que se puede revisar. Es importante tender puentes con agendas locales para construir opciones, posibilidades y alternativas para una agenda de incidencia positiva, que demuestre otras voces y posibilidades. Desde lo local es importante que se empiecen a mostrar ejemplos de que es posible cooperar, dialogar, resolver problemas concretos y la situación humanitaria, etc., estos ejemplos en lo local, reducirían la tensión y demostrarían hacia lo nacional que es posible resolver los conflictos de maneras distintas.

-¿Qué esperar del cambio de gobierno en Estados Unidos? Con la llegada de Biden es posible que haya un cambio significativo de política, particularmente en el tratamiento que se está dando al tema de drogas.

II.      Actividades en el marco del aniversario de PCCV

Parte de las actividades que se vienen desarrollando en el marco del aniversario de PCCV, tienen que ver con el relanzamiento de la página web para finales del 2020, el contenido y el diseño están siendo redefinidos. Se está pensando que la página contenga información sobre la iniciativa, sus antecedentes, objetivos, visión, acuerdos, miembros que la conforman, etc., así como distinto tipos de documentos producidos por la red y por organizaciones aliadas para el conocimiento y la reflexión de la situación de ambos países y de la relación binacional.

Respecto a este último punto, PCCV ha desarrollado a lo largo de este año una serie de foros de discusión, tanto en Venezuela como Colombia, sobre distintos temas: el conflicto venezolano, la crisis humanitaria y multidimensional, el proceso de paz en Colombia, problemas fronterizos, dinámicas migratorias, entre otros. La idea es poner a disposición de la sociedad este contenido y publicar las relatorías de los foros y reuniones binacionales. En este sentido se espera que la página web se convierta en una fuente de información fiable, con mayores niveles de incidencia, sobre reflexiones y análisis de expertos en distintas áreas de interés de PCCV.

Es importante que en algún momento se puedan retomar los diálogos que se tuvieron en Cúcuta con alcaldes y gobernadores recién electos en el lado colombiano de la frontera, y el diálogo con las comisiones segunda de la Cámara y Senado del Congreso colombiano, para que cumplan su papel frente a la política de Colombia ante la crisis venezolana, de la frontera y la migración.

III.      Diálogo con Acción Solidaria

Acción Solidaria es una organización venezolana de derechos humanos con 25 años de trayectoria, una de las primeras que abrió líneas de reflexión y acción para dar respuesta a la crisis humanitaria. Desde 2016, ante la evidente crisis y la falta de respuestas del Sistema de Naciones Unidas, sin experiencia previa y en un contexto de aprendizaje y trabajo colectivo, comenzó a incursionar en la respuesta humanitaria con resultados bastante positivos, aunque siempre insuficientes frente a la grave situación que vive el país.

De acuerdo con un estudio realizado por el Programa Mundial de Alimentos, con cifras a septiembre de 2019, el 32% de la población venezolana estaba en situación de inseguridad alimentaria en niveles tan altos que de 28.5 millones de habitantes, 9.3 millones se encontraban ya con serias dificultades para acceder a alimentos y 17 millones adicionales estaban en aquel momento   en riesgo de

inseguridad alimentaria si se enfrentaba alguna situación adicional de dificultad, que es la que ahora implica la presencia de la pandemia. Estas cifras han llevado a buscar la forma en que el Programa entre a Venezuela con todas sus capacidades.

Desafortunadamente el gobierno nacional ha sido un obstáculo para la difusión de cifras acertadas a este respecto y no ha admitido modificaciones en el documento de necesidades humanitarias del sistema de Naciones Unidas. En el 2019, registró 7 millones de personas en necesidad y 2.4 millones que debían ser socorridas. Para 2020 mantuvo los 7 millones y subió la cantidad de personas que requieren apoyo por la emergencia. Y parece que para el 2021 seguirá sosteniendo el mismo dato de

7 millones, cuando el análisis del Programa Mundial de Alimentos ya hablaba para el 2019 de 9.3 millones de personas en un nivel de inseguridad alimentaria aguda. Solo para ilustrar las condiciones de vida actuales, 70% de los comedores de una organización aliada, en sectores de bajos recursos fuera de Caracas, está cocinando con leña, y en Caracas, eso ocurre en más del 40% de los comedores. Esta es una situación que difícilmente va a terminar pues el país se encuentra en un deterioro imparable y hay sanciones importantes que pueden afectar rápidamente la distribución de Diesel. Las condiciones de vida internas van a seguir siendo muy severas, en muchos casos de sobrevivencia, y por eso continuará la migración de personas hacia Colombia y otros países de la región.

El plan de respuesta humanitaria para Venezuela ha solicitado 760 millones de dólares pero hasta el momento sólo ha podido reunir 17.4% de esos recursos y su recolección está siendo muy lenta, lo que ha retrasado seriamente su puesta en marcha. Asi, con respecto al plan de situaciones humanitarias a nivel global, Venezuela es el país que cuenta con menos financiamiento en este momento. El gobierno y la situación política tienen que ver con la falta de recursos, ese obstáculo político impide que los recursos fluyan, y una parte de los que han entrado al país, han sido por vía de relaciones bilaterales.

En cuanto al marco legal para el funcionamiento de las organizaciones humanitarias en Venezuela, es importante mencionar que a finales de octubre se publicó en la gaceta oficial una resolución que en principio tenía como propósito facilitar la entrada de organizaciones humanitarias internacionales al país. No obstante, hay elementos bastante preocupantes en este sentido. Por un lado, dicha resolución habla de la soberanía en la cooperación, al tiempo que plantea la posibilidad de que haya elementos de delincuencia organizada o terrorismo1. En cuanto al acceso a recursos internacionales, expone que las organizaciones no gubernamentales serán consideradas como tal mientras no sean dirigidas o estén operadas, directa o indirectamente por organismos del poder público de un Estado2. Y, por otro lado, manifiesta que expedientes con el registro de las organizaciones internacionales ante órganos de cooperación creados para ello, deberán ir, posiblemente, al Ministerio de Relaciones Interiores para ser supervisados en el marco de actividades orientadas a la prevención y la lucha contra la delincuencia organizada y el financiamiento del terrorismo3.

Aunque el lenguaje utilizado podría verse como manejable, es preocupante en el contexto venezolano. Preocupa la falta de claridad y la posibilidad de que se generen arbitrariedades cuando alguna organización internacional o, por intermedio de ella, una nacional, reciba recursos de cooperación de países como Suecia, Noruega, Canadá o Reino Unido, como ha sucedido. Además, hay un contexto de mucho riesgo. Hace unas semanas la sede de Acción Solidaria fue allanada por las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), el grupo acusado del mayor número de ejecuciones extrajudiciales en el país. Aunque se logró finalmente solucionar la situación, el riesgo continúa y los severos impactos sobre el personal de la organización permanecen. Esto se enmarca en un contexto de amenazas proferidas por Diosdado Cabello, sobre la aprobación de una Ley de cooperación internacional, que busca en el fondo identificar el origen de los recursos recibidos, y desconoce el aporte que las organizaciones están haciendo en el ámbito humanitario, de derechos humanos y desarrollo.

Del trabajo desarrollado por Acción Solidaria y otras organizaciones, se destaca la creación de la Plataforma de Acción Humanitaria Nacional (PAHNAL), de la cual hacen parte 28 organizaciones nacionales y redes para dar respuesta conjunta a la crisis. Además, Acción Solidaria ha realizado un trabajo de articulación sostenido para la distribución de ayudas humanitarias, que actualmente tiene como resultado la existencia de una red nacional. Se pasó de un total de 33 organizaciones distribuidas en 6 Estados en 2017, a 120 organizaciones de sociedad civil (y 50 especialistas de salud), en 16 estados hoy en día.  Las ayudas se han distribuido a pesar del contexto de riesgo, la pandemia y las dificultades en terreno. En materia de salud, a 2020 se han realizado 238 donaciones en medicinas, insumos y otros artículos, a través de 76 organizaciones.  Muchas otras organizaciones tienen sus propias redes para la acción humanitaria y realizan sus actividades en los distintos estados de Venezuela.

Cabe agregar que se desarrolló una plataforma virtual llamada Hum Venezuela, con el apoyo de Oxfam y el trabajo de más de 50 organizaciones. Esta plataforma ya produjo un primer informe de seguimiento de la emergencia humanitaria compleja, con análisis, información precisa y fuentes claves. Si bien la plataforma ha intentado responder frente a los problemas de información existentes, preocupa que la información entregada al Sistema de Naciones Unidas no sea tomada en cuenta para la elaboración de su documentación humanitaria. En cuanto a las cifras sobre la situación del coronavirus, es fundamental producir información propia, ya que las cifras presentadas por el gobierno no tienen sentido y no hay manera de poder justificarlas. Según estas, hay una tendencia a la baja en el número de contagios, pero esto no corresponde con la tendencia y las dinámicas presentes en los demás países de la región.

Debate: preguntas y respuestas

– ¿Qué respuestas se podrían dar desde el ámbito nacional y desde una iniciativa como PCCV, ante el riesgo de la aprobación por la próxima Asamblea Nacional de una ley que limite o cierre la cooperación internacional? De acuerdo con experiencias anteriores, si se intentan afectar algunos grupos de personas, se afecta el conjunto de la sociedad civil. El problema de fondo es aceptar el acompañamiento, empoderamiento, la defensa de derechos, el manejo de lo humanitario de manera autónoma, no condicionada. Hay una preocupación enorme en este sentido y PCCV podría ser parte de quienes llamen la atención sobre efectos de la aprobación de una ley de este tipo sobre la población.

– Según un reporte del noticiero alemán DW, los casos de Covid en Venezuela van descendiendo.

¿Son estas cifras realmente así? ¿Cuáles son las fuentes? Los datos presentados, al ser comparados con la región, no tienen ningún sentido. De hecho, la OPS ha comentado que pueden darse con base en los PCR -los exámenes más indicados para detectar casos-, pero que eso no significa que reflejen la realidad. En Venezuela, hasta el momento hay sólo dos centros en todo el país haciendo estas pruebas. Si esos datos son reales, entonces están basados en pruebas muy limitadas. La mayoría de las pruebas llegan a Caracas y los resultados pueden entonces tardar hasta dos o tres semanas. Una vez llegan, si la persona ha fallecido, ni siquiera se registran como caso de COVID-19 si la prueba resulta positiva. Hay que seguir llamando la atención sobre la necesidad de mantener las medidas de prevención. Dadas las condiciones de desempleo y hambre existentes, no hay manera de tener confinamientos estrictos. Hay que buscar mecanismos para que las personas salgan a procurarse medios de vida. Durante la cuarentena, al principio, hubo mucho abuso por parte de los órganos de seguridad, particularmente a través de cobros sobre la movilidad. Eso ha ido disminuyendo, pero no hay un incremento de apoyo a la población para que pueda contar con elementos o mecanismos de protección en la pandemia, como las mascarillas o mantener la distancia.

– ¿Quienes conforman el llamado mecanismo humanitario en Venezuela? ¿Hay instancias públicas, ONG nacionales o internacionales? Están hasta ahora tres organizaciones nacionales, dos internacionales y las distintas agencias de Naciones Unidas. Está el movimiento de la Cruz Roja como observador. Y una que otra vez participa Médicos sin Fronteras. Ha sido importante un puente hacia las instancias de gobierno con responsabilidad en la respuesta humanitaria. Se ha mantenido comunicación y reuniones con cancillería, para buscar una instancia de coordinación de la respuesta humanitaria que implicaría trabajar tanto en facilitación de mecanismos de respuesta, como en protección a las organizaciones y al trabajo humanitario. Ojalá se pueda avanzar, con el apoyo y la experiencia que tiene PCCV, hacia mecanismos realmente multilaterales, que puedan llevar a acuerdos por sectores.

– ¿El acuerdo firmado entre la Asamblea Nacional y el gobierno de Maduro con la intermediación de la OPS, frente a la pandemia, prosperó o se quedó estancado? No ha sido posible que avance hacia un marco de mayor cooperación en recursos y por tanto en alcances. Se distribuyó material de protección personal, a través de la OPS, con el ministerio y por la Cruz Roja de Venezuela y UNICEF. Ojalá se pueda promover que haya más acuerdos de ese tipo y más recursos.

– ¿Qué iniciativas se han tomado o se pueden tomar para informar a los actores locales acerca de las situaciones de daño humanitario y sobre el manejo de cifras a través de la plataforma humanitaria? Hay que revisar la plataforma, tomar esos datos vs fuentes y notar que son realmente muy importantes para reflejar las distintas acciones que se tomen. Estos expresan situaciones de mucha mayor gravedad que las que está reflejando la información de Naciones Unidas. Por eso preocupa un nuevo incremento de la migración, porque las condiciones de supervivencia en el país van a estar muy comprometidas.

1 Debe acatar dicho orden y proveer a las autoridades competentes los elementos mínimos que les permitan realizar un acompañamiento cabal de sus actividades, vigilar y prevenir el fomento y desarrollo de cualquier actividad que resulte en delincuencia organizada, terrorismo y su financiamiento, tráfico ilícito de drogas y otras actividades ilícitas, y prestar la colaboración debida en el marco de la solidaridad internacional.

2  Las Organizaciones No Gubernamentales manifiestan su personalidad jurídica a través de figuras de derecho privado tales como fundaciones, asociaciones, corporaciones, sociedades, empresas y otras, siempre que su objeto no suponga ánimo de lucro y no sean gobernadas, dirigidas u operadas, directa o indirectamente, por organismos del Poder Público de un Estado.

3 El ministerio con competencia en materia de relaciones exteriores ordenará el registro y la remisión inmediata de una copia electrónica del expediente correspondiente, con todos sus soportes, al Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana y orden público, a través del órgano rector encargado para ejecutar actividades orientadas a la prevención y lucha contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, entre otras, establecer directrices y buenas prácticas a las Organizaciones No Gubernamentales para evitar ser partícipes en las actividades de grupos irregulares.