Sesión binacional amplia presencial y virtual de Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), con la participación del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia
Palabras del secretario general de la Universidad Externado de Colombia, Dr. José Fernando Rubio. Enviamos unas palabras de bienvenida por parte del rector Hernando Parra y saludamos especialmente a la profesora Socorro Ramírez y a las personas que están conectadas desde Venezuela. Independientemente de los límites territoriales y de los espacios fronterizos, debemos pensar en las personas que los habitan, reconocer a las personas que viven en las zonas de frontera, que saltan los modelos estrictamente geográficos, territoriales y político-administrativos. Celebramos que podamos entrar en espacios de reflexión como este, propiciado por PCCV y por el Observatorio de Migración, para poder dar luces a tomadores de decisiones, entender mejor e iluminar la realidad de la relación binacional.
Palabras del Dr. Gonzalo Ordóñez, Decano de la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales. Desde la facultad estamos muy interesados en estas colaboraciones entre la academia, la sociedad civil organizada y organismos internacionales, especialmente en esta problemática en la que se requiere reflexión, comprensión y formulación de propuestas. Estamos en una excelente coyuntura para la apertura de espacios como este, con muchos interrogantes, en el sentido de la transición de gobierno en Colombia. Dilemas como la regularización y hasta qué punto debemos comenzar a hablar de integración para reconocer los derechos de las personas que llegan al país, el modelo más adecuado para el proceso de integración desde los tomadores de decisiones o desde la sociedad civil, el papel de la cooperación internacional y hasta qué punto tenemos las capacidades institucionales para hacer frente a estos problemas, y de qué manera la política exterior del nuevo gobierno afectará las relaciones diplomáticas con Venezuela.
I parte. Integración de personas migrantes en Colombia: desafíos y herramientas en el marco de un nuevo gobierno.
La primera parte de la reunión abordó un balance desde PCCV y luego la integración de migrantes venezolanos en Colombia, y contó con seis intervenciones.
Socorro Ramírez. PCCV ha sintetizado el esfuerzo binacional desarrollado desde 2019, en 5 ejes.
1) Dimensiones y alcances de la crisis en Venezuela, intentos de diálogo y negociación, formas de aproximación para encontrar una salida pacífica y democrática que permita reconstruir ese país.
2) La frontera colombo venezolana, tanto desde una mirada distinta del concepto de frontera, no reduciéndolo a la línea limítrofe, como escuchando a las autoridades locales y sectores organizados en los ámbitos fronterizos sobre sus problemáticas específicas y sobre dinámicas transfronterizas.
3) Cómo Colombia se enfrenta a la construcción de paz en la frontera, analizando las dimensiones del conflicto y la violencia, así como las múltiples iniciativas de desarrollo del Acuerdo de Paz.
4) Ruptura de nexos institucionales e interestatales, y tensión entre los gobiernos centrales, lo que ha llevado al cierre de los pasos fronterizos formales y del sistema consular, la ruptura de relaciones diplomáticas; PCCV ha generado iniciativas con distintos sectores de ambos lados para proponer, en particular al nuevo gobierno colombiano, la reconstrucción de la relación binacional.
5) Éxodo poblacional desde Venezuela a Colombia, segundo país del mundo luego de Siria con una crisis migratoria de grandes magnitudes; ha escuchado las distintas modalidades del éxodo poblacional: -personas que salen buscando alternativas ante la crisis y emergencia humanitaria compleja de Venezuela, -que buscan refugio ante persecuciones políticas, -que transitan por Colombia en su camino a otros países, -migración pendular para abastecerse de bienes o servicios, -comunidades indígenas transfronterizas con territorios ancestrales en ambos países, y -población colombiana retornada con sus familias binacionales. PCCV hizo además una serie de sugerencias, en el momento en que se estaba construyendo el Estatuto Temporal de Protección (ETP), mostrando necesidades a tener en cuenta en el registro, como títulos y experiencias laborales y académicas para facilitar las posibilidades de vinculación laboral. También ha insistido en la necesidad de regularizar la situación de todas las modalidades del éxodo poblacional, con implicaciones y situaciones diferenciadas. La red publicó y pondrá a circular la síntesis de todos los diálogos que ha liderado, con la participación de universidades, redes y organizaciones sociales, con propuestas para ayudar a hacer frente a la problemática compartida entre los dos países.
Laura Jiménez, coordinadora del Observatorio Colombiano de Migración desde Venezuela (OMV) del Departamento Nacional de Planeación (DNP), presentó el Índice Multidimensional de Integración Socioeconómica de la población migrante venezolana en Colombia (IMI) cuyo objetivo es medir y visibilizar los niveles de integración de los migrantes venezolanos en Colombia. La herramienta identifica vacíos en el proceso de integración para generar políticas públicas. El IMI tiene un enfoque poblacional, pues no mide la gestión pública para la migración sino qué tan integrados están los migrantes en el país. Además, hace desagregación territorial que, para la primera medición, fue de 23 departamentos-ciudades. El concepto de integración usado contempla un proceso bidireccional de responsabilidad compartida entre la población migrante y la sociedad de acogida, en un análisis de integración social y económica a través de las siguientes dimensiones:
– Cobertura de necesidades básicas, que tiene en cuenta los temas de pobreza, salud, educación, atención de niñas, niños y adolescentes, condiciones habitacionales y servicios públicos.
– Integración económica incluye mercado laboral, condiciones de vida y permanencia en el territorio.
– Integración social, con temas de discriminación y xenofobia, percepción de bienestar en el territorio, participación ciudadana y cultura de las personas migrantes.
– Regularización e institucionalidad pública, elemento transversal a las dimensiones anteriores.
Los indicadores son medidos y divididos en resultados y brechas con la población colombiana. En los municipios se ha hecho una ponderación con tasas demográficas. El IMI tiene retos específicos, tanto en la optimización para la medición del índice como en la gestión pública. El gobierno tiene, por ejemplo, retos en la identificación de brechas de género en el proceso de integración y en la generación de la información para la medición del acceso a la justica. Adicionalmente, se podría ampliar la medición de otros indicadores en más municipios, en la interoperabilidad de los sistemas para un acceso más directo a la información y poder hacer un análisis de todas las coyunturas en el año. Los primeros resultados obtenidos en 2020 indican que los mayores vacíos de la gestión pública a nivel nacional están en la prevención y mitigación de la xenofobia, y en la promoción de la participación ciudadana de los migrantes. Para usar los datos y acceder a más información del IMI puede acceder a su página web www.dnp.gov.co/observatoriomigracion.
Lucas Gómez, balance y perspectivas desde la Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República. En la coyuntura actual de transición política en Colombia, el tema migratorio no ha sido central en la agenda. Hemos hecho procesos de empalme ligeros, en el sentido que hay cierta prevención por dos visiones que compiten en la agenda del gobierno entrante. Una focalizada en el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, y otra en una política de retorno de los venezolanos simplemente por el hecho de la normalización de estas relaciones. Pero las razones de la migración van más allá del conflicto entre los gobiernos centrales de ambos países. Algo que ha caracterizado a Colombia es que su política de atención a la población migrante ha sido de Estado y no de gobierno. En 2015, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, se pensó en una respuesta integral para los flujos migratorios cuando hubo la expulsión masiva de colombianos por el régimen de Venezuela. Luego, con los picos más altos de migración en 2017 y 2018, se buscó una política que permitiera recibir y acoger a los migrantes. Con el gobierno Duque hubo continuidad con los funcionarios de la Gerencia de Frontera y de Migración Colombia. Hay una tradición que se enmarca muy bien en la lógica de hermandad y fraternidad. Como indicó la profesora Ramírez, la frontera no es una cremallera que se abre y se cierra, siempre tiene flujo migratorio, lo que motivó la implementación del ETP. Debemos entender las necesidades de la población para alcanzar el régimen ordinario de visas, proteger sus derechos y requerimientos para su integración. En 2021, Migración Venezuela hizo una encuesta en Colombia, en donde el 85% de los migrantes respondió que no quiere retornar, el 10% respondió que desea ir a un tercer país, y solo el 5% manifestó que, si las condiciones cambian, consideraría regresar a su país.
Otro aspecto que se debe mencionar es la apertura de la frontera. La frontera colombo venezolana esta abierta desde el 2 de junio de 2021, por una resolución de Migración Colombia. El régimen levantó los contenedores que estaban bloqueando los puentes en Norte de Santander en octubre de 2021. En Norte de Santander aún no se ha autorizado el paso de mercancías, pero sí por la Guajira donde cruzan 100 tractomulas diarias hacia Venezuela, y 100 hacia Colombia. Norte de Santander llama a gritos que se permita el intercambio comercial, pues era la frontera más dinámica de América Latina. El restablecimiento de las relaciones diplomáticas es importante, pero no puede ser el único enfoque del nuevo gobierno y no debe hacerse de forma improvisada. Puede que haya retrocesos en los avances logrados si se restablecen las relaciones consulares, por ejemplo con la homologación de títulos. Logramos saltar el proceso corrupto del apostille en Venezuela, donde cobraban entre 200 y 300 dólares por apostillar un documento. También con el tema de apatridia de niños de padres venezolanos, a los que el gobierno colombiano otorgó nacionalidad, pues el Estado venezolano no tenía la capacidad de reconocerlos. Los gobiernos territoriales también están levantando la mano en la integración. Desde la Gerencia de Frontera se fundan 7 Centros de Integración para población Migrante en Bogotá, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, Riohacha y Cali. No es solo un tema de gobierno nacional, las entidades territoriales entienden que deben tener información sobre la población migrante para dar respuestas a sus necesidades. La migración debe verse como una oportunidad, pues más del 60% de los migrantes están en edad laboral y se considera un bono poblacional extraordinario. El ETP complementa al sistema de protección para más de 2 millones de venezolanos que miran su futuro con esperanza, para encontrar y materializar sueños que vinieron a buscar en Colombia.
Jesús Cárdenas coordinador del Sector de Integración Socioeconómica y Cultural del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), presentó una intervención titulada reflexiones sobre la cooperación internacional para la integración. El GIFMM es un espacio de articulación de 70 organizaciones, liderado por la Organización Internacional para las Migraciones y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, para dar respuesta a las necesidades de migrantes y refugiados en el país. El Sector de Integración se enfoca en emprendimientos, empleabilidad, inclusión financiera y cohesión social. El GIFMM entiende la integración como un proceso de construcción de una sociedad donde haya igualdad de derechos y obligaciones. La no realización de la integración genera pérdidas tanto para los migrantes como para la sociedad de acogida. La cooperación internacional ha venido trabajando junto al gobierno nacional, desde 2018, cuando se constituyó el GIFMM. Colombia era un país de migración que no estaba acostumbrado a la acogida, y era difícil que las instituciones se flexibilizaran rápidamente. Gracias al acompañamiento, en los resultados, se puede destacar el inicio de la Estrategia Nacional de Generación de Ingresos que fue la hoja de ruta para la identificación de los obstáculos en la prestación de los servicios institucionales y de las recomendaciones para poder superar los cuello de botella que se tenían dentro de la institucionalidad. También destacan todos los apoyos para fortalecer el ecosistema de empleo, en particular del piloto de la ruta del Servicio Público de Empleo, para dar una oferta diferenciada a los migrantes, la apertura de oportunidades de empleo a través de actividades con el Ministerio del Trabajo, el fortalecimiento de la gestión empresarial del Servicio Público de Empleo, el apoyo con el recurso humano para la aceleración de los trámites de convalidación aprovechando el canje de notas que permitió superar la legalización de títulos, entre otros. Cada agencia ha contribuido en la prestación de servicios directos en emprendimiento como capital semilla, acompañamiento para formular planes de negocios, capacitación, marketing y empleabilidad.
Todavía hay retos para abordar de manera conjunta y el gobierno nacional ha incrementado su apuesta con el diseño e implementación del ETP, de la política migratoria y con el Conpes 5100. Pero persisten obstáculos, como problemas que conlleva la implementación del ETP con migrantes que desean acceder, presión sobre servicios que se prestan desde la institucionalidad, falta de una ruta unificada de emprendimiento, de inclusión financiera y acceso a cuentas de ahorro y créditos, y desconocimiento de las capacidades de la población migrante por parte de los empleadores. La cooperación continúa incrementando su apuesta para fortalecer la integración. Destacamos el apoyo de la USAID con el gobierno nacional y la Gerencia de Frontera para que, junto con los gobiernos locales, se implemente la estrategia de atención o prestación de servicio a nivel territorial. También la Unión Europea ha entregado fondos que podrían solucionar la falta de una ruta unificada de emprendimientos. Los donantes y socios del GIFMM desean seguir contribuyendo y apoyando al gobierno y a los migrantes para resolver estos problemas.
Maria Paula Martínez directora de Save the Children Colombia, compartió sus reflexiones en torno a los desafíos para integrar niños y niñas migrantes. En Colombia hay alrededor de 550.000 niños migrantes. La visión de Save the Children está enmarcada en una mirada más amplia de 19 organizaciones que confluyen en el Foro de ONG Humanitarias, que representan a 7.025 trabajadores humanitarios en todos los departamentos y fronteras del país. El Foro atiende anualmente a 1.5 millones de migrantes en todos los sectores de intervención, no solo en medios de vida y entregas monetarias, sino también protegiendo comunidades, niños y niñas solos/as que atraviesan Colombia en búsqueda de mejores oportunidades de vida. Frente a la integración, Save the Children ha profundizado, junto a la academia, su conocimiento y la evidencia necesaria para la toma de decisiones. Con la Fundación Ideas para la Paz hizo un rastreo sobre retos para el nuevo gobierno, seguir reflexionando sobre este tema y recoger las lecciones aprendidas de estos años de trabajo tan intensos.
Primero, se tiene como reto la falta de voz de niños/as, pues Colombia es parte de la Convención de los derechos de niños/as. Los/as niños/as migrantes representan, junto a sus familias, un bono poblacional, económico y demográfico muy importante para Colombia. Muchos/as niños/as son el motivo por el que sus familiares decidieron migrar, sus padres buscaron oportunidades económicas y que los/as niños/as pudieran estudiar y ejercer sus derechos. Al llegar a Colombia, las familias se ubicaron en asentamientos informales, otras a vivir en la calle, al entrevistar a los/as niños/as manifestaron su necesidad de protección y de poder acceder al derecho a la educación. Segundo, la xenofobia y la discriminación. En los últimos dos años y medio, Save the Children ha contribuido a los esfuerzos del Ministerio de Educación con la campaña de Retorno Seguro a Clases. Sin embargo, muchos niños migrantes han experimentado en las aulas de clase, en sus colegios y en sus comunidades distintos tipos de xenofobia y discriminación, reflejados en medios de comunicación con la estigmatización y criminalización de la población venezolana. Esto pudo ser comprobado con aliados, como el Barómetro de la Xenofobia, y otras iniciativas regionales siguiendo más de 70.000 conversaciones en Twitter y redes sociales que mostraban escenas, palabras o apreciaciones xenófobas que llegaron a casi 90 millones de personas. Pero al hacer seguimiento a conversaciones que abordaron la integración económica, el emprendimiento y la estabilización de muchas comunidades se comprobó que éstas llegaron a más de 160 millones de personas, lo que indica la posibilidad de cambiar narrativas sobre la migración. Tercero, la falta de documentación. Debemos abogar para que más familias y niños tengan acceso a sus tarjetas luego de haberse registrado ante el ETP, pues abre las puertas al pleno uso de sus derechos, a mayor protección, salud, educación y recreación. Los medios de vida son herramientas de los adultos para realizar los derechos de los niños, una de la grandes motivaciones para sobrevivir el día a día. Quisiéramos llamar la atención sobre el poder transformador que tiene la niñez. Los niños/as desean una mayor inversión en el gasto público de los programas y derechos que los benefician, en la inversión del desarrollo integral que incluye medios de vida para las familias, acceso a lugares y entornos protectores donde puedan aprender, crecer y vivir su ciudadanía plena.
Irene Cabrera codirectora del Observatorio de Migraciones de la Universidad Externado de Colombia y del Barómetro de Xenofobia, presentó un análisis sobre el webscraping para entender y fortalecer la integración de personas migrantes. La técnica de “webscraping” se basa en analizar mediante software la información que hay en páginas web, en redes como Twitter o Facebook, plataformas de medios de comunicación, etc. Somos una sociedad de la información que consume, cada vez más rápido, lo que estas fuentes ofrecen y es allí donde se han empezado a reproducir estereotipos, ideas negativas y errores con implicaciones de deshumanización hacia los migrantes. En 2020, el Barómetro comenzó su trabajo para analizar la información y mensajes en línea con la palabra “migrantes”, construyendo algoritmos que han permitido identificar tendencias en el tiempo. Desde ese momento se han logrado varios aprendizajes. Primero la importancia de generar mayor pedagogía sobre las decisiones, normas y estrategias que se adoptan por parte del gobierno central. Por ejemplo, en febrero de 2021, con la expedición del decreto para regular la permanencia de personas venezolanas con el ETP, se generaron mensajes de rechazo por una comprensión errada sobre las causas e intereses altededor de esta medida. Sin embargo, también se registraron mensajes prointegración relacionados con la importancia de adoptar medidas estructurales para atender a esta población e integrarla. Segundo, se ha detectado cómo las autoridades locales, a través de alocuciones públicas, terminaron incentivando la xenofobia. Los picos de marzo y agosto de 2021 en la conversación online sobre migración correspondieron a momentos en los que se hizo referencia, desde la Alcaldía de Bogotá, a la vinculación y responsabilidad de población migrante en la comisión de hechos de inseguridad.
Esto nos lleva al primer reto de trabajar articuladamente, por la responsabilidad de estas autoridades para estimular discursos y reproducción de narrativas, favorables o desfavorables, respecto a la población migrante. No se trata de desconocer estos eventos, pero se debe romper con los discursos desde la securitización con enfoque punitivo y entender por qué hay personas que recurren al delito desde la prevención, alineando la postura de las autoridades en lo local y nacional.
Un segundo reto corresponde a cómo medir la xenofobia. El Barómetro ha rastreado qué pasa con los mensajes en línea y creó una medida llamada la tasa de xenofobia, cuántos mensajes con contenido negativo, de rechazo u odio hacia la población migrante hay por cada 100 mensajes. Se han encontrado variaciones interesantes entre el primer semestre del 2021 y del 2022. Mientras que en el 2021 en lugares como Nariño, Valle, Cundinamarca y Caquetá hubo una mayor tasa de xenofobia, en el 2022 la mayor tasa se registró en regiones como Chocó o Santander. Los gobiernos locales deben reconocer los problemas de fragmentación social que existen en los territorios, que ocurren por tensiones entre las comunidades de acogida y los migrantes. Es fundamental que entendamos cuáles son los ejes de esas discusiones, como las disputas entre recicladores en Santander o la situación de presión que ocurre en un corredor tan importante como el del Darién hacia Panamá en el Chocó. Comprender esos focos no es asunto menor porque lleva riesgos, como la intersección de odios que pueden escalar entre diferentes formas de violencia, intersección entre xenofobia y homofobia, transfobia, misoginia o la hipersexualización de las mujeres venezolanas. El tercer reto es reconocer que la población migrante necesita ser protegida con estrategias de prevención. Dentro y fuera del conflicto armado en Colombia, la población migrante y refugiada es altamente vulnerable a situaciones como el hurto, asesinatos, la trata de personas, pero también al reclutamiento forzado. Sin embargo, no se reconoce a estas personas como víctimas en el marco de la Ley 1445 y tampoco hay datos comprehensivos sobre la situación de violencia contra migrantes venezolanos y de otras nacionalidades en el país.
Finalmente, el Barómetro ha identificado tres tipos de discursos preocupantes sobre los que el gobierno no debe perder la atención: 1) en medio de las protestas y manifestaciones del 2021, se encontraron mensajes con incitación a la amenaza directa y a la violencia física hacia los migrantes; 2) mensajes de apoyo al castigo, que apoyan la deportación y expulsión, lo cual puede legitimar entre la opinión pública conductas que no cumplan con el debido proceso; 3) y un tercer tipo de mensajes menos peligrosos pero que están vinculados a la ofensa y a la generación de daño que lleva a un proceso de deshumanización. Página web del Barómetro de la Xenofobia: http://barometrodexenofobia.org/
II parte. Programas de atención a migrantes.
La segunda parte de la reunión consistió en un diálogo con programas de atención a migrantes y contó con dos intervenciones.
Iván Gaitán, Alto consejero para Asuntos Migratorios de la Alcaldía de Bogotá, oferta de servicios por la Alcaldía y cómo ha virado su estrategia hacia los temas de integración socioeconómica de migrantes. En un acto de contención, la alcaldesa Claudia López lamentó haber tenido expresiones que dispararán la xenofobia hacia los migrantes, pero asumió una postura de cambio hacia la integración de esta población. En febrero de 2022, se diseñó una estrategia que ahora contempla no solo las narrativas y discursos sino estrategias concretas que la Alcaldía ya estaba desarrollando desde antes del ETP. Ejemplo de ello son los 66.000 migrantes venezolanos matriculados en escuelas públicas del Distrito Capital, los más de 13.000 nuevos bogotanos nacidos en la ciudad, y la inauguración, la última semana de agosto, de Centros de Atención Distrital Especializados (CADES) y Centros Intégrate, con la Presidencia de la República. Estos centros permitirán que un migrante, al reclamar su Permiso de Protección Temporal (PPT), tenga posibilidad en el mismo espacio de hacer su encuesta al SISBEN, su afiliación al sistema de salud, acceso a la ventanilla educativa para la búsqueda escolar, que pase a la agencia pública de empleo, a servicios sociales de integración, recreativos y culturales. Con esto se espera efectivizar el tiempo de las personas que se desplazan hasta los CADES, y emitir la directiva de la alcaldesa donde exige a la secretarías del Distrito vincular la variable del PPT en todos los sistemas de información. Otro elemento fundamental es un diálogo que la Alcaldía ha venido estableciendo con 20 organizaciones de migrantes, para hacer política pública y resolver barreras que se han encontrado para la integración. En un taller con tanques de pensamiento y universidades se identificaron 48 barreras que impiden la integración de los migrantes. El 2 de agosto, en la Comisión Intersectorial se presentaron 17 barreras graficadas con su paso a paso por la Alcaldía para hacerles frente. Por último, hay proyectos especiales que se están desarrollando. Uno de emprendimiento con el Programa Mundial de Alimentos para 500 hogares en la localidad de Suba. Otro con Transmilenio, luego de que el Ministerio de Transporte permitiera sacar licencias de conducción con el PPT, con una recategorización para que migrantes puedan conducir buses articulados, con un piloto de 50 puestos en septiembre. Además, está el proyecto del Banco Mundial y del Banco Interamericano con los programas del sistema del cuidado, casa de la mujer y castillo de la artes, en conjunto con otros cooperantes. En noviembre la Alcaldía espera lanzar la política migratoria o el plan estratégico distrital para la gestión y gobernanza de las migraciones
Leandro Buzón, codirector de Hermanos Venezolanos. Cuando fundamos esta plataforma iniciamos con un levantamiento de historias detrás de las cifras de la migración para darle mayor sustento al trabajo que queríamos realizar. Al conversar con los venezolanos en Colombia y en otros países, todos anunciaron un gran vacío en la información y en la comunicación para poder integrarse en los países que los acogían. Bajo esas ideas de dolor y de resiliencia, apuntamos a convertirnos en una plataforma al servicio de los migrantes venezolanos para brindar información útil en el proceso de integración, que requiere la construcción de un capital organizacional, relacional e institucional para poder traducirlo en píldoras de fácil acceso, verificables y confiables. Información útil en materia de trámites migratorios, condiciones laborales, estatutos que están en marcha en distintos países, en educación, salud y vivienda, y para responder preguntas sencillas de los migrantes. Desde Hermanos Venezolanos queremos facilitar esta información a los migrantes a través de tres productos concretos: página web www.hermanosvenezolanos.com, servicio de chatbot al número +573053401459 en WhatsApp, en donde por país la plataforma se irá alimentando con datos útiles para los migrantes, y con nuestro programa de radio en Colmundo, para contar historias de venezolanos con sus emprendimientos y trabajos de incidencia visibilizando los derechos humanos.
Preguntas y discusión
– Desde la Fundación Migración en Positivo. ¿Ustedes creen que el nuevo gobierno va a mantener las políticas migratorias del gobierno saliente como el PPT y la regularización permanente? ¿Qué opinan de la oferta de la Cancillería a aquellos que han solicitado refugio para que se acojan al ETP? ¿Los deja desprotegidos?
– Los flujos migratorios también impactan la vida de los habitantes de regiones como Arauca, ¿qué hacer para no afectar su acceso al empleo, a servicios, a educación? ¿Qué seguimientos se hacen de los efectos de las violencias en la población migrante en departamentos fronterizos?
IC. Quiero responder sobre el tema de los solicitantes de refugio y sobre lo que está pasando con la violencia en los departamentos de frontera. Yo creo que, sobre el tema de la estabilidad jurídica y los instrumentos que ha creado el gobierno, podemos tener otras interpretaciones. En Colombia hemos tenido una transformación sustancial del fenómeno migratorio, la Comisión Asesora para la Determinación de la Condición de Refugiado se ha visto abrumada por la cantidad de solicitudes que ha recibido. Esto hace evidente que es un tema nuevo, pues hemos sido un país de un largo conflicto armado con muchos colombianos solicitantes de refugio en el exterior. Debemos revisar cuál es la solidez de la institución del asilo en el país, no desdibujar el sentido de lo que es la protección internacional, reconocer que hay personas que abandonan sus países por causas de persecución y que deben contar con garantías directas, de acompañamiento y protección. Debemos indagar un poco más qué está pasando con los datos sobre violencia hacia migrantes en zonas de conflicto. Medicina Legal y la Fiscalía tiene información sobre homicidios en crecimiento para la población migrante en la frontera. Esto es poco analizado en los medios. Podemos revisar también el Observatorio de Mujeres a nivel nacional, para ver qué pasa con los delitos sexuales y la violencia de género porque allí hay un tema pendiente de reconocer y generar un mejor diagnóstico para brindar soluciones de atención con una mirada más focalizada en sectores poblacionales.
LJ. No sabemos con certeza qué intenciones tiene el gobierno entrante sobre las iniciativas que permanecerán y las que no. Desde el DNP, y desde el Observatorio, tenemos proyectos a 2 años todavía. Por ejemplo, con la Universidad Externado estamos analizando los costos y beneficios de la integración y otros proyectos que queremos desarrollar para que las políticas públicas se sigan trabajando desde la evidencia y con instrumentos. El ETP está proyectado a 10 años, por lo que suponemos que la transición del trabajo se hará de la mejor manera.
LB. Lamentablemente la población venezolana tiene 20 años de ausencia de cultura ciudadana, de interacción con el Estado. A esta alturas nos da miedo presentarnos ante un alcalde, un procurador o cualquier autoridad fuera del país. El reto es perder el miedo a la institucionalidad y aprender que tenemos la obligación y el derecho de dirigirnos a estas autoridades y exigirles demandas. Crisis Group está haciendo un estudio sobre los efectos de las violencias en Colombia sobre la población migrante. Será publicado pronto.
– ¿Qué expectativa hay sobre la normalización de las relaciones diplomáticas?
IG. Lo vemos como una oportunidad. La barrera que se impuso a los comerciantes, a los estudiantes, y a los entes de frontera de lado y lado tuvo graves afectaciones. Esto contribuirá a la reactivación económica de ambos países, a mejores condiciones en salud y educación. Sin embargo, también habrá desafíos, por ejemplo con el Hospital Erasmo Meoz de Cúcuta que recibirá más personas y no está adecuado en su capacidad, o la regularización de personas que quieren ingresar al ETP pero sus fechas de registro ya están cerradas. El nuevo gobierno debe darle un parte de confianza a la cooperación internacional de que el trabajo continuará, pues ha invertido demasiados recursos para la atención e integración, también debe prorrogar de manera inmediata el ETP, pues la regularización es un paso cooperativo. Habrá más demanda de regularización y de integración. La estrategia de integración debe ir a los gobiernos locales, en sus políticas y planes de desarrollo para incluir la migración con elementos que vinculen esa población de manera concreta. Las 20 ciudades que más reúnen migrantes son las que tienen capacidad económica para hacerlo.