Los abajo firmantes, integrantes de Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela, una convergencia de universidades, organizaciones sociales y personas de los dos países que impulsa la diplomacia ciudadana a favor de una negociación y transición pacífica, política y democrática en Venezuela, la reconstrucción de la relación binacional y la consolidación de la paz en Colombia, ante los recientes sucesos, rechazamos toda acción de carácter militar, paramilitar y violenta en Venezuela, en particular la proveniente del exterior.

Esta situación, viene a sumarse a la creciente militarización del país, al estado de excepción prolongado y al clima de confrontación sostenido, todo lo cual dificulta seriamente las posibilidades de una atención integral, coordinada y urgente de la Emergencia Humanitaria Compleja y alejan las perspectivas de una solución negociada a la crisis venezolana, lo que constituye una situación muy grave y peligrosa para la región. En ese sentido, demandamos a las autoridades correspondientes en Venezuela y Colombia a condenar estas actividades ilegales, así como a realizar una investigación rigurosa, transparente y oportuna de lo ocurrido, para encontrar la verdad y hacer justicia en base a ella, con profundo respeto al estado de derecho y a los derechos humanos de quienes resultaren involucrados.

Reiterando el compromiso ineludible con nuestros objetivos, seguimos exigiendo en Venezuela y Colombia que se levanten las sanciones que agraven, profundicen o acentúen la Emergencia Humanitaria Compleja, así como que se establezcan los mecanismos y acuerdos de cooperación y comunicación entre las autoridades de distinta índole y nivel de los dos países, para atender la grave situación humanitaria, más necesarios en medio de la pandemia global por la Covid-19. Entre otros acuerdos, que se instituyan relaciones consulares efectivas y la posibilidad de un canal humanitario en ambos sentidos en los pasos fronterizos formales, en función de una mayor y mejor atención a los ciudadanos colombianos y venezolanos, especialmente, quienes viven en las zonas de frontera y a los migrantes forzados, aquejados por ilegalidades y vulnerabilidades de distinta naturaleza que los Estados deben combatir y atender.

Colombia y Venezuela, a once (11) de mayo de 2020.