Declaración PCCV – abril 2020
Las nuevas condiciones a las que se está enfrentando un gran número de familias y personas venezolanas, en especial en Ecuador y Colombia, hace mucho más importante el papel de grupos como PCCV, que mantiene su carácter de apuesta plural y diversa a favor de una diplomacia ciudadana binacional y regional para apoyar los diálogos y acuerdos entre los distintos sectores sociales y políticos en favor de una salida política y pacífica en Venezuela, así como para tender puentes entre las dos naciones y entre los diferentes sectores en conflicto, a la vez que exhorta a la implementación de los acuerdos de paz en Colombia. En cumplimiento de estos objetivos PCCV ha realizado varios diálogos ciudadanos colombo-venezolanos, foros y un concierto de la orquesta binacional, en los que se trata de entender la situación y proponer alternativas viables, urgentes y necesarias.
Esta necesidad se hace más apremiante en medio de las medidas adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos frente a Venezuela y del desarrollo de la pandemia que pone en riesgo inminente a una inmensa población desamparada de venezolanos en el exterior y a las sociedades con las que tienen que estar en contacto necesario. Esta declaración se preparó por parte de los miembros colombianos de PCCV y busca contribuir a evitar salidas de fuerza e injerencias indebidas en Venezuela, que agravan las crisis y desconocen la compleja y peligrosa situación que se está viviendo en la frontera entre los dos países.
El cierre de la frontera y de los consulados profundiza la presencia y accionar de grupos violentos y criminales dedicados al contrabando, el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, la explotación sexual y el reclutamiento de menores, los cuales regulan de manera ilícita los flujos entre los dos países. Esta situación erosiona aún más las capacidades estatales y exacerba las tensiones bilaterales, cuando la búsqueda de acuerdos mínimos de cooperación es fundamental para prevenir la expansión de la pandemia y para fortalecer la capacidad de decisión de la sociedad venezolana.
Trump y la nueva atención sobre Venezuela
La oferta de recompensa por los miembros del gobierno de Nicolás Maduro, acompañada de una compleja propuesta de transición política y de un movimiento militar en torno de Venezuela por parte del gobierno de los Estados Unidos, dificulta los pasos de apertura humanitaria que se estaban llevando a cabo entre los dos países y complica las posibilidades de atención a millones de personas en la zona fronteriza. Estas decisiones se toman cuando había una petición de ablandamiento de las sanciones económicas tomadas por los Estados Unidos y los países europeos para contribuir a la atención necesaria a la pandemia, cuando se había logrado un avance mínimo pero significativo en la posibilidad de apertura del sistema consular y cuando los gobernantes de frontera estaban apoyando la apertura de los puentes y pasos legales como la única alternativa para disminuir el fortalecimiento de la delincuencia y el agravamiento de las condiciones de vida en la zona fronteriza.
La pandemia, nuevas condiciones
Las condiciones creadas por la pandemia y las medidas adoptadas por los gobiernos nacionales (en este caso especial Ecuador, Colombia y Venezuela) hacen más compleja la vida de los migrantes en la región y aumentan su vulnerabilidad ante la enfermedad, el hambre y la violencia. Su dependencia de empleos vinculados con los servicios, los primeros en ser golpeados por los cierres[1] y su falta de vivienda permanente, los convirtió rápido en los más importantes infractores de las normas de confinamiento expedidas para frenar la expansión de la pandemia. La persecución policial y judicial y las expulsiones se han multiplicado desde entonces, a lo que se suman los registros muy bajos de la enfermedad en Venezuela, lo que estimula algunos procesos de retorno que se suman a la gran cantidad de familias y personas venezolanas en las carreteras, que se van agolpando en las zonas de entrada a Venezuela, ante las medidas de control para el ingreso (que buscan establecer personas infectadas para ordenar su reclusión antes de continuar su viaje dentro de Venezuela) y la falta de preparación para el retorno migratorio masivo en dirección a Venezuela, lo que no estaba en las cuentas de nadie.
Las normas de establecimiento de un corredor humanitario para su movilidad desde Ecuador hasta la frontera venezolana, a través de Colombia, toman un carácter agresivo que pone en riesgo los derechos humanos y agravan la situación de las familias que deben someterse a viajes por áreas y en condiciones muy difíciles, no muy diferentes de las áreas de recorrido a pie. Al llegar a la frontera de su país son considerados como posibles infectados, cuyo ingreso se pospone hasta que se hayan sometido a controles de salud y seguridad, con lo que su situación de vulnerabilidad se agrava y su vida se hace más difícil.
La migración: xenofobia creciente
Migración Colombia no actualiza sus informes desde el 31 de diciembre de 2019; el último de ellos, publicado el 25 de febrero de 2020, establece en 1.771.237 venezolanos en Colombia (754.085 de ellos considerados como regulares y 1.017.152 definidos como irregulares). En el caso de la zona de frontera, el mayor número se encuentra en el Norte de Santander (202.717 personas), de las cuales reporta para Cúcuta 104.981 personas. En el caso de Arauca y La Guajira, aunque hay datos oficiales, es más difícil establecer el número de personas y familias que han regresado, aunque se conoce que desde hace un tiempo un número no muy grande de indígenas Wayúu del lado venezolano han retornado a sus antiguos territorios del lado colombiano, con la consecuente emergencia de conflictos por los derechos de acceso y permanencia en el territorio[2]. Las condiciones actuales de peligro de contaminación y desempleo, junto a la creciente imagen de que los mayores infractores de las normas de confinamiento obligatorio son los venezolanos, han recrudecido la xenofobia y establecen un nuevo criterio para la definición del acceso a los derechos entre ciudadanos y extranjeros.
Propuestas inmediatas en medio de las crisis
Las nuevas condiciones implican recordar procesos y mecanismos en curso desde hace algún tiempo, que siguen siendo importantes. El Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020 (RMRP) requiere mayor visibilidad y hacer más fácil su seguimiento y formas de vinculación para los migrantes. La Declaración de Principios de 2010, que facilita el diálogo político, la cooperación y la reactivación del comercio binacional debe ser recuperada. Algunas normas como el Decreto 869 de 2016, deben cumplir con su papel en el mantenimiento de unas mejores relaciones en las zonas de frontera, entre muchas otras iniciativas que nunca se cerraron o que nunca se han estrenado.
Entre las sugerencias recogidas en varios eventos recientes, se puede destacar que se establezcan canales de comunicación entre las autoridades nacionales y territoriales de los dos países, para un mejor diagnóstico de la crisis del COVID-19, que permitan ofrecer una respuesta binacional e integral, a la emergencia de salud pública en la frontera. De la misma manera, los espacios de convergencia entre autoridades de cada país para facilitar la movilidad de los organismos de carácter humanitario, organizaciones de la sociedad civil e iglesias que vienen prestando asistencia sanitaria, abastecimiento de medicamentos y alimentos, en especial en la frontera, son muy importantes. En el caso de Colombia, se debe instar a Migración Colombia a establecer, en coordinación con ACNUR, la Cancillería y las autoridades departamentales y locales, albergues o centros de atención inmediata para la población migrante. Así como se debe avanzar en la regularización de la población migrante mediante un registro único y permanente que dé cuenta tanto de su condición socio-demográfica, como de opciones de inserción social y laboral. Por último, se requiere impulsar el estudio y comprensión de las condiciones de la discriminación y la xenofobia, sobre las que se base una campaña pedagógica nacional, departamental y local que las combata.
No menos importante es la demanda para el restablecimiento de las relaciones consulares entre Colombia y Venezuela como una contribución al manejo integral y humanitario de la grave crisis de salud pública que enfrentamos, sin distingo de nacionalidad, en particular la que padece la población más vulnerable (11 millones) que comparte la frontera.
[1] El Informe de la OIT sobre el impacto del COVID 19, extrapolados a las cifras del mercado laboral colombiano revelan que, al comienzo de la cuarentena, se habrían perdido el equivalente a 1,4 millones de trabajos de tiempo completo, según cálculos de Clara López.
[2] Ramasio Tiller Ipuana, funcionario del PMA, indica que sólo en Barrio Nuevo (en inmediaciones del aeropuerto en Riohacha) hay cinco mil wayúus de una comunidad de seis mil que ha estado llegando desde el lado venezolano de la frontera.