I. Parte. Mega elecciones del 21 de noviembre
Los balances y perspectivas fueron presentados por el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), en dos partes: 1) a partir de la instalación de la nueva Asamblea Nacional que comenzó nombrando un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), y 2) desde lo que sucedió la semana siguiente a las elecciones, en la relación del gobierno con la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (UE) y el caso del Estado Barinas.
Desde las elecciones parlamentarias de diciembre de 2020, que conformaron una nueva Asamblea Nacional (AN), hubo múltiples irregularidades. El OEV hizo observaciones que muchos actores políticos nacionales e internacionales las consideraron ilegítimas. En ese contexto, la AN decidió hacer una renovación del CNE y, con una mayoría del 90%, el oficialismo tuvo facilidades para aprobarlo. Aun así, el proceso de nombramiento del CNE fue hecho con mayores niveles de pluralidad y amplitud, y en el comité de postulaciones hubo presencia de personas de la oposición. El CNE cambió, entró en funcionamiento en mayo de 2021 con una postura menos agresiva que los anteriores. Dos hechos mejoraron un poco las condiciones electorales para los comicios del 21 de noviembre: primero, el nombramiento de profesores de universidades nacionales de alto nivel académico, en ingeniería de sistemas y de software; y segundo, la conformación por unanimidad en el CNE de un equipo de diez auditores de composición política plural, quienes realizaron un informe destacando que el sistema electoral era seguro, garantizaba el voto y no tenía irregularidades. Además, el CNE hizo la convocatoria de las elecciones del 21 de noviembre con 6 meses de anticipación -antes se habían hecho con muy poco tiempo de antelación-, y presentó un cronograma para hacer tanto una revisión a profundidad como una actualización del registro electoral.
Las elecciones no fueron absolutamente perfectas, pero sí mejores que las pasadas. Hubo también una mejora en la observación electoral, tanto en la nacional como en la internacional gracias a la presencia de la UE, que no había estado en Venezuela desde 2006, y de otras organizaciones internacionales. Aunque mejoraron las condiciones, se repitieron irregularidades de ocasiones anteriores, pues se siguió utilizando la inhabilitación de distintos actores políticos hecha a través de la Contraloría, para que no participaran como candidatos, aunque sus fechas de inhabilitación ya hubiesen concluido. La inhabilitación se usó como mecanismo para que no participaran sectores disidentes del oficialismo, como militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV). Hubo un gran desequilibrio en las posibilidades de las campañas electorales. Los medios de comunicación son controlados en su mayoría por el gobierno y la visibilidad de los candidatos oficialistas fue mayor, aunque también se permitió publicidad de candidatos de la oposición. En cuanto a los resultados, el voto no oficialista fue mayor, pero estuvo fragmentado.
La relación del oficialismo con la Misión de Observación Electoral de la UE, que hasta ese momento había sido de respeto y reconocimiento, cambió y fue agresiva luego de las elecciones. La Misión, que había solicitado una semana más para terminar el trabajo de observación, fue obligada a salir de Venezuela. Lo más preocupante es lo que ha pasado en el Estado de Barinas después de las elecciones, la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia intervino en el proceso y le ordenó al CNE parar la totalización de votos para detener las elecciones a gobernador, luego de un ajustado resultado entre Argenis Chávez, hermano del difunto presidente Hugo Chávez y actual gobernador del estado, y el opositor Freddy Superlano. Por ese motivo fueron programadas nuevas elecciones para el 9 de enero del 2022.
El primer comentario examinó el impacto económico de las elecciones y el curso de la economía del país en 2022. Durante las megaelecciones se disputaron 3082 cargos: 23 gobernadores, 335 alcaldes, 253 diputados regionales y 2472 concejales, para los que se presentaron 70.000 candidatos. Por parte del oficialismo se postularon 3082 candidatos (1 por cargo), y por la oposición cerca de 67.000 (por lo menos 3 por cargo). El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ganó 19 gobernaciones y 218 alcaldías, mientras que la oposición gano 3 gobernaciones y 117 alcaldías. Si las distintas oposiciones hubiesen llegado con un candidato unitario, la sumatoria de sus votos que es mayor que los del PSUV, configuraba una correlación de fuerzas distinta llevándose la victoria en por lo menos 14 gobernaciones más. El gobierno consolidó su hegemonía territorial.
Hay una profundización de los cambios económicos luego de las elecciones. Maduro comenzó a transferir empresas públicas que habían sido expropiadas, en un proceso de privatización de dos tiempos, primero a los gobernadores y alcaldes, luego concesionadas o cedidas a operadores privados. Viniendo de un modelo económico estatista, nacionalista y expropiador -con rígido control de cambios, ruinoso control de precios y subsidios con financiamiento público clientelar, adjudicación directa de contratos, licencias de importación, otorgamiento de permisos sanitarios, eliminación del sistema de precios de referencia internacional, deuda externa ficticia y decretos de emergencia económica-, abriendo paso a un modelo de apertura y liberalización. Un modelo caracterizado por el levantamiento del control de cambios, abandono del control de precios, apertura del mercado interno, simplificación de permisos y desregulación. Actualmente hay un proceso creciente de dolarización transaccional y financiera, la cantidad de dólares que circulan en Venezuela es muy superior a la cantidad de bolívares, y se incentiva a que las empresas que ganen dólares los usen para financiar la inversión y el consumo. También hay llamados a la inversión privada, con la privatización de dos tiempos (mencionada anteriormente) y con la promoción de exportaciones e incentivos a la inversión extranjera. Así mismo, hay un cambio en el marco legal y la desaplicación de normas, como en el caso de la ley antibloqueo, de privatización, que permite al gobierno realizar operaciones en confidencialidad y secretismo para proteger a los inversionistas, la ley de zonas económicas especiales que exonera de IVA y de impuestos de renta a empresas que se ubiquen en ellas, y la ley de hidrocarburos. Hay una mejora en la producción y en los precios del petróleo venezolano, la hiperinflación se está desacelerando, cayendo por debajo del 10% en dos meses seguidos en comparación con los crecimientos de 196% en otros meses. Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional planteaban que el 2021 sería el año donde la economía se recuperaría levemente y dejaría de caer. En sus pronóstico del 2022, la economía crecerá y mejorará a la luz del proceso de apertura y liberalización.
Estos impactos generan oportunidades para la integración binacional, específicamente en el comercio exterior sin aranceles, en la privatización de empresas públicas, en las concesiones en infraestructura, servicios y telecomunicaciones, en las concesiones de activos turísticos y en la apertura en hidrocarburos. Al mismo tiempo, pueden presentar problemas o complicaciones para la integración por las dificultades en la realización de transferencias internacionales, cancelación de órdenes de compra internacional, mayores exigencias para demostrar origen de fondos, pérdida de financiamiento internacional como de clientes y proveedores, y ruptura de redes de suministro y cadenas de valor, que se habían construido por años en la relación binacional con Colombia, y que están siendo reemplazadas por proveedores de un nuevo mapa económico (Rusia, China, Irán, Turquía).
El segundo comentario abordó los impactos de los resultados del 21 de noviembre en la seguridad, negociación política y transición, así como en asuntos fronterizos. El elemento más importante de las elecciones es el declive de la polarización política, fenómeno que ha marcado al país los últimos 20 años y que ha impedido la existencia de terceros diferentes a los dos polos que han monopolizado la conversación política. Los resultados muestran que el chavismo es una primera minoría seguido, muy cerca, por distintos grupos con diferencias muy pequeñas en términos de votos. No hay una sino varias oposiciones, incluyendo oposiciones a la izquierda del chavismo (en el espectro que ha intentado monopolizar).
La polarización constituye el combustible del conflicto en Venezuela, y desde hace unos años ya no representa a las mayorías políticas, sino un conflicto de élites. Por este motivo su declive supone una nueva noticia y muestra otras alternativas. Sin embargo, esto puede tener algunos riesgos: 1) la fragmentación puede dar lugar a turbulencias, pues ningún actor encarna a las grandes mayorías y el descontento no encuentra una expresión política; 2) hay un proceso importante de desafiliación con los actores políticos, expresado en la abstención; y 3) riesgos de anti política y mesianismo. Esto constituye un escenario parecido al que vivió Venezuela a finales del siglo pasado, cuando el bipartidismo dio lugar a un proceso semejante de fragmentación y preparó la victoria del chavismo.
El escenario de declive de la polarización tampoco es definitivo y el caso del Estado Barinas es un ejemplo, donde el oficialismo se impuso de manera poco legítima y podría favorecer la polarización agrupando la oposición en un solo polo. Los sectores radicales, al internar excluir a los bloques emergentes, pueden ocasionar polarización, como la cancelación del PCV en la izquierda del Chavismo o las exclusiones del Grupo de los Cuatro (G4) a otros sectores de la oposición.
El caso de Barinas también demuestra que al chavismo le interesan menos los costos externos, que los costos internos, especialmente cuando las reacciones de la comunidad internacional han sido ambiguas o claramente negativas (EEUU desconoció las elecciones y la UE ha sido ambigua). Esto también señala los riesgos de resistencia que se ven en el chavismo a los procesos de reapertura y normalización democrática, entendiendo que cualquiera que sea el formato, el chavismo hará lo posible por controlarlos.
Los resultados muestran que el chavismo perdió en zonas rurales, pero ganó en las urbanas, diferente a los que sucedía antes. También perdió en estados fronterizos, como Zulia, lo que puede tener efectos importantes en la política de Estado hacia la frontera, en la medida que la lectura que ha prevalecido ha sido por miradas geoestratégicas, y podrían generarse políticas duras o incentivos para una política de apertura y regularización.
Dialogo con los participantes
– Es mejor el registro electoral ahora, que anteriormente, pero si no se actualiza para Barinas, ¿qué impacto puede tener? Y ¿la observación internacional fue realmente observación? Sea como sea, un elemento a rescatar fue la posibilidad de tener un observador independiente que pudiera registrar la deficiencias del sistema electoral venezolano.
– Se habla de mejoras en el sistema electoral en comparación con elecciones pasadas en Venezuela. Sería interesante conocer esas mejoras en perspectiva comparada en América Latina, para medir la eficiencia del sistema democrático en Venezuela, ¿qué tan lejano o cercano estarían estas elecciones de las ocurridas recientemente en Perú o Bolivia?
– ¿Qué apreciación tienen frente al comportamiento de la población colombiana en las elecciones del 21 de noviembre?
– ¿Cómo valoran ese alto porcentaje de abstención? Sería interesante el mensaje que esto da al chavismo y a la oposición.
– ¿Cuál es la posición con respecto al referendo revocatorio? ¿tiene sentido en esta coyuntura?
– ¿Cómo se puede evaluar la actitud de Rusia y China frente a las elecciones?
– ¿Hay un punto de mejoramiento de la economía en que el régimen se recupere a los ojos del pueblo, que incentive el regreso de algunos de los migrantes?
LL. Respecto al caso de Barinas, al fijarse las nuevas elecciones en tan corto plazo, poco más de un mes, el cronograma electoral es extremadamente restrictivo. No se puso tiempo para la revisión del registro electoral, pues se usará el mismo de las elecciones del 21 de noviembre.
Con respecto a la observación electoral, la UE no lo hacía desde 2006, porque luego de ese año, la legislación venezolana dejó de hablar de observación electoral y la cambió por acompañamiento, lo cual no era solo un cambio de nombre, sino de facultades, posibilidades y libertades. La UE tiene un protocolo propio para los ejercicios de observación electoral, y se basa en él para desarrollarlos, por lo cual no aceptó invitaciones posteriores al 2006, pues no se cumplían los requisitos. En esta oportunidad hubo un esfuerzo por parte del CNE y del ejecutivo para que volviera la Misión de Observación Electoral, con condiciones distintas. En la observación electoral nacional también se dieron mayores libertades que en ocasiones anteriores.
En cuanto a la abstención, no se le debe asignar un adjetivo negativo. La abstención fue buena considerando que fueron elecciones regionales y las condiciones en las que se hicieron, y teniendo en cuenta que hay alrededor de 6 millones de venezolanos por fuera del país (no son cifras oficiales) muchos siguen en el registro pero no votaron.
Sobre el referendo revocatorio, es un debate que debe hacerse pues hay posiciones encontradas. Algunos lo respaldan y otros apuestan a desarrollar una estrategia más a largo plazo, pensando en las elecciones del 2024.
VA. En relación con la abstención coincido con la postura anterior, teniendo en cuenta las circunstancias tan difíciles en las que se convocaron estas elecciones, donde el gobierno apostó al deterioro de las condiciones electorales para provocar la abstención que le permitiera ganar, y donde a ese estímulo le hizo juego un importante sector de la oposición que declaraba que participar en las elecciones era convalidar la farsa electoral del régimen. El hecho que haya participado el 42% de los electores inscritos es un logro, no se puede subestimar, sobre todo en elecciones regionales que no suelen generan gran cantidad de participaciones. Es un triunfo de la sociedad civil y de la ciudadana.
En cuanto al referendo revocatorio, pareciera que, con el 80% de rechazo que tiene el gobierno de Maduro, si se convoca el referendo su mandato terminaría. Sin embargo, hay toda una complejidad técnica, jurídica y política con la que hay que lidiar y evaluar (20% de firmas del electorado, reunir la misma cantidad de votos con las que ganó el mandatario +1). Además, con el nivel de división que hay en la oposición, esto terminaría en fracaso.
En el tema económico, ni Petróleos de Venezuela (PDVSA) ni el gobierno tienen recursos para dinamizar la economía a través de la inversión y gasto público, pero necesita, de cara a las presidenciales de 2024, llegar con una economía recuperada y sin inflación. Por esa razón, profundizará la apertura, liberalización, privatización, promoción de exportaciones y de inversiones extranjeras. La fuerza motriz de la economía venezolana ya no será la inyección de la renta petrolera sino la inversión privada nacional y extranjera. Por eso el PCV, Patria para Todos (PPT), REDES, Tupamaros y otros partidos del Gran Polo Patriótico critican lo que consideran el viraje neoliberal de Nicolás Maduro, rompen con el gobierno y montan tienda aparte en otra fuerza que es la Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
AA. La abstención habla de una suerte de normalización electoral. Es un fenómeno común en los países de la región, y de desencanto de un importante sector de la población que no encuentra figura que represente sus intereses.
Sobre el referendo, suscribo las posiciones planteadas. El referendo no ha sido un elemento real de democratización y este mecanismo podría volver a generar lógicas de polarización.
Sobre China y Rusia, también hay una polarización internacional, una especie de nueva Guerra Fría, en los intereses de actores internacionales.
II. Parte. Propuesta del senado colombiano a legisladores venezolanos para ayudar a abrir canales de comunicación entre instituciones de los dos países sobre asuntos urgentes fronterizos y binacionales.
La primera intervención desde el senado colombiano, inició con una descripción del contexto de la frontera entre Colombia y Venezuela, que fue considerada como una de la más dinámica de América Latina, con intercambios comerciales que superaron los 8000 millones de dólares en 2008. La dinámica transfronteriza incorporaba empresas de transporte, fábricas, silos, almacenes, empresas de automóviles y de construcción, con una actividad económica que generaba miles de puestos de trabajo. El flujo de 35.000 personas diarias en esta zona limítrofe estimulaba una demanda de 2200 clientes en cada uno de los 700 establecimientos comerciales que se encontraban cerca de los puentes internacionales. Esto obligó a los gobiernos a mantener una política de relaciones subordinadas al intercambio, donde el interés comercial a veces estaba por encima de los acuerdos políticos.
Desde el pasado 8 de octubre se han hecho anuncios sobre la reapertura de la frontera. Maduro manifestó que esto no sería posible si el gobierno de Colombia no tenía la disposición. El cierre de la frontera también ha fortalecido las dinámicas de las economías ilegales y de las estructuras armadas.
Por estas razones, se plantean varias reflexiones y propuestas. Primero, hay que superar la suerte de punto de honor que ha significado para Duque la reapertura de la frontera, la normalización de las relaciones comerciales y consulares con Venezuela. Los únicos beneficiarios de este cierre son las organizaciones criminales que operan en la frontera y que controlan las trochas ilegales, las dinámicas de extorsiones, de control del contrabando y de tráfico de personas.
Y segundo, a pesar de que la Constitución colombiana le entrega el manejo de las relaciones exteriores al ejecutivo, el Congreso debe hacer control político en temas internacionales y tiene autonomía para mantener relaciones con legisladores de otros países, sin dejar de considerar los problemas de legitimidad y los impases que ocurren en el sistema político venezolano.
Por lo anterior, se presenta la iniciativa de habilitar un diálogo plural entre todos los sectores políticos que tienen presencia en las instancias parlamentarias venezolanas y con legisladores colombianos de todas las fuerzas políticas que tienen representación en el Congreso. Es fundamental avanzar en un proceso de normalización de las relaciones entre Colombia y Venezuela, y el tema de la reapertura de la frontera puede ser un buen comienzo para ambientarlo. Para ello se propone la creación de un nuevo grupo de Boston, con parlamentarios colombianos y venezolanos, conformado por oficialistas y no oficialistas de ambas asambleas, del lado venezolano, y por congresistas colombianos de todos los partidos políticos, autoridades locales de frontera de ambos lados, académicos y empresarios. Las discusiones que ocurren a nivel interno sobre la legitimidad de las Asambleas en Venezuela no corresponden a Colombia, por lo cual se sugiere que ambas tengan representación en este espacio de diálogo.
Como metas inmediatas este grupo debe abogar por la reapertura de los pasos fronterizos formales, la estabilización del flujo humano y comercial en la frontera y la reanudación de las relaciones consulares, con la reapertura de los consulados. Como meta final, el restablecimiento pleno de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.
En la segunda intervención el diputado venezolano manifestó que desde la Asamblea Nacional se recibió con agrado la propuesta del Senado colombiano de designar una comisión binacional para buscar mecanismos de reconstrucción de las relaciones entre Colombia y Venezuela. En el ejercicio de la diplomacia parlamentaria esa comisión binacional puede existir, como punto de encuentro entre parlamentarios, para buscar soluciones en el tema de frontera, pues es necesaria la reapertura no solo desde el punto de vista comercial. La posición guerrerista de ambos gobiernos, y su ausencia en la frontera, le ha entregado el control del flujo de la frontera a grupos armados ilegales.
Es importante que se reconstruya definitivamente la relación con Colombia, y el desconocimiento del gobierno de Duque a Maduro no ayuda, pues debe reconocer que hay un gobierno que tiene el control territorial en Venezuela, actuando consecuentemente con la designación de consulados para atender a la población. Esto es posible sin entrometerse en las atribuciones de los ejecutivos del manejo de las relaciones internacionales.
Como propuestas, son importantes los acercamientos y grupos de trabajo, incluso explorar las posibilidades de restablecer los vuelos directos Bogotá-Caracas y Bogotá-Porlamar, que fueron afectados por la ruptura de relaciones y por la pandemia. La cercanía y la condición interdependiente de la frontera no deben ser soslayadas por diferencias políticas.
Dialogo con los participantes
– ¿Cómo podemos avanzar de una forma realista para que, desde ambos lados, no se cierren las puertas y estas iniciativas se puedan desarrollar?
– ¿En qué momento se puede poner a funcionar esta iniciativa? Teniendo en cuanta las elecciones en Colombia en 2022, y la renovación del Congreso en Colombia ¿no considerarían esperar para poner en marcha la iniciativa?
AS. Esta es una iniciativa de carácter parlamentario. Ni el gobierno, ni el presidente del Senado han querido implementar esa resolución aprobada en la plenaria del Senado, porque no hay interés en avanzar en un diálogo político con la institucionalidad de Venezuela. La posición de Duque es hostil, comprometida con una estrategia de cerco diplomático a Venezuela. Toca sobrepasar esas circunstancias, hay que actuar sobre las campañas al Congreso y a la Presidencia.
Podría ser un diálogo inicialmente de parlamentarios. Yo me comprometería a convocar a todos los partidos políticos que tienen representación, incluyendo partidos de la coalición de gobierno, para que tenga una perspectiva de Estado, por fuera del debate político interno en Colombia, e incluso en Venezuela, que trascienda al Congreso que termina el próximo 20 de junio y tenga continuidad con el nuevo que comienza del 20 de julio. Para ello se debe avanzar en el primer semestre del 2022. Esta es una iniciativa que no está siendo convocada por los gobiernos o cancillerías de ambos países, ni por las mesas directivas del Senado. Debe aprovecharse la autonomía de PCCV para que convoque a los implicados pronto, en cualquier ciudad fronteriza o en Bogotá, para una primera sesión de reuniones sobre sus alcances, que permita ir formulando propuestas concretas y generando una opinión pública favorable a la normalización, a la apertura de los pasos fronterizos y al restablecimiento de los vuelos.
OR. Primero, esta es una iniciativa de diplomacia parlamentaria. No es de los gobiernos, ni de las mesas directivas de los parlamentos. Se puede separar la propuesta de la actuación de los gobiernos y que no se sientas invadidos en sus competencias. Comenzando por hacer una lista de propuestas posibles y graduales. Fijar un encuentro en alguna de las ciudades fronterizas con gobernadores, alcaldes y actores de la sociedad civil. Hablarles a los dos gobiernos y que se sientan en la necesidad de tomar nota de los planteamientos de esta iniciativa.
Intervenciones de participantes
PG. Faltan 250 días para que termine el gobierno actual en Colombia. En esta perspectiva, debe alentarse que esta iniciativa incluya academia, sociedad civil organizada y autoridades locales, para preparar las decisiones del gobierno que viene y también como una forma de presión a los precandidatos presidenciales para que se pronuncien sobre la necesidad de reconstrucción de las relaciones colombo-venezolanas. Si se pone en marcha pronto, con otros sectores, contribuiría a que, en las propuestas de política exterior en campañas y en el gobierno que quede, la prioridad sea la relación binacional con Venezuela. PCCV puede ayudar en esto.
FA. Debe ser un proceso progresivo, en temas sectoriales. Iniciar con temas de seguridad y salud fronteriza, y ver los asuntos particulares en esos conceptos, seguir con la migración segura y los pasos fronterizos. Luego con las relaciones consulares y comerciales y por último las relaciones diplomáticas. Todo debe tener una lógica y una secuencia. Establecer lazos de comunicación oficiosos, para que se puedan explorar alternativas y al termino de este gobierno, no siga la ruptura con Venezuela.
SR. Esta es una iniciativa importante, desarrolla la que ya había impulsado el Senado colombiano, en Cúcuta en octubre de 2021. Resulta importante ayudar a tejer puentes entre distintos sectores de ambos lados, para fortalecer los nexos positivos, que ha sido el sentido del trabajo que ha venido haciendo PCCV. También puede pensarse en procesos simultáneos. Desde cada lado, la discusión de los parlamentarios debe adelantarse, y vincularla con todas las iniciativas que han ayudado en este periodo tan complicado, como las mesas de trabajo entre las gobernaciones de Norte de Santander y el Táchira, entre las cámara de comercio de ambos lados y los gremios económicos. En 2021 lo que queda de deben desarrollarse reuniones informativas y sobre cómo darles forma a estas propuestas, ambientarlas desde ya, con los sectores interesados. Así, empezando el 2022 se pueden desarrollar sesiones más formales de impulso y desarrollo de esas ideas y propuestas planteadas en esta reunión.
LG. Hay que recoger la propuesta, no quitando la iniciativa parlamentaria, para que vaya más allá. Incluir a otros actores, gremios, sociedad civil, autoridades locales, que sea multidimensional.