Sesión binacional Puentes Ciudadanos Colombia-Venezuela (PCCV), con participación del Dpto. de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte de Barranquilla.
I parte. Iniciativas de gremios empresariales y comerciales, de reapertura de los pasos fronterizos formales entre Colombia y Venezuela: obstáculos y posibilidades.
La primera intervención, realizada por Isidoro Teres de la Comisión de Fronteras de Fedecámaras, en Ureña, Táchira, estuvo enfocada en una perspectiva desde la frontera. El 20 de julio de 1925, los gobiernos de Colombia y Venezuela firmaron un convenio binacional que acordó la construcción del puente que uniría San Antonio y Cúcuta sobre el río Táchira, y que estableció una serie de normas que beneficiarían a ambos países y facilitarían el comercio binacional. En ese momento, el comercio estaba representado en el intercambio de mercaderías que pasaban por el puente y entre los pobladores de ambos municipios. El convenio plasmó la libre circulación y la vigilancia del puente por parte de la policía de ambos países, sin incluir jamás componentes militares.
En relación con la neutralidad del puente, el Convenio establece literalmente lo siguiente “Colombia y Venezuela reconocen y respetarán la neutralización del puente internacional sobre el rio Táchira, tanto en caso de guerra internacional como en caso de guerra civil de cualquiera de las dos Repúblicas”. Importante es poner en conocimiento general que en su momentos dicho convenio se radico en La Haya y tiene el Apostilla, dándole un reconocimiento en el ámbito del Derecho Internacional. En el papel se garantiza el libre tránsito de personas, mercancías y vehículos sobre el puente las 24 horas del día, pero aún en marzo del 2022 estamos limitados a un paso peatonal que no respeta la letra del convenio. Esto último es un elemento importante para tener en cuenta en vista de la pérdida de derechos ciudadanos por las directrices de las autoridades tanto de Colombia como de Venezuela. Ese documento tuvo fuerza en 2007, cuando Colombia propuso poner casetas de peaje a la salida del puente, lo cual está prohibido por el convenio, el cual podría servir de instrumento para presionar el respeto de las normas que allí quedaron establecidas.
Otra preocupación recae en la exportación de mercancías de Colombia hacia Venezuela. Los productos deberían legalizarse a través del servicio aduanero de Cúcuta y San Antonio. Sin embargo, al llegar a Cúcuta, las tractomulas hacen el descargue cerca del río para hacer el traspaso de la mercancía hacia el otro lado, sin utilizar el servicio aduanero. Esto implica la utilización de una aduana paralela, que cobra por el paso de las mercancías, sin que ningún organismo oficial participe de estas operaciones.
La segunda intervención, fue realizada por Germán Umaña, presidente de la Cámara de Comercio Colombo-venezolana (CCCV). Lo más importante que ha ocurrido el último año ha sido comprender que la relación fronteriza entre ambos países debe desideologizarse y enfocar sus esfuerzos en temas importantes como el desarrollo y la seguridad. Los indicadores socioeconómicos de la frontera, que miden el nivel de pobreza y de calidad de vida, fueron el punto de partida que unió a los agentes económicos y sociales, pues son muy inferiores al promedio nacional en ambos países. En el caso de Colombia, el PIB per cápita de los ciudadanos de la frontera es exactamente la mitad del de los ciudadanos del resto del país, la tasa de desempleo es cerca del 6% mayor y la tasa de informalidad puede fluctuar entre 30 y 40 puntos más con respecto a la informalidad en las regiones centrales. En la frontera, la pobreza monetaria es mayor al 23% y la pobreza monetaria extrema tiene una diferencia de 7 puntos. Esta brecha unió una serie de propósitos de los agentes económicos y sociales e inclusive de autoridades regionales y nacionales colombianas. La situación en el Táchira es peor aunque no se tengan registros oficiales. Éstas son regiones profundamente afectadas por el cierre de los pasos fronterizos formales y por la ideologización que nos llevó a la pérdida de la posibilidad de relaciones diplomáticas, comerciales y humanas.
Tanto en Colombia como en Venezuela, las secciones que se han desarrollado para la reapertura de la frontera tienen que ver con entender que la relación entre ambos países y regiones es complementaria, pero que mantienen un problema de centralismo. En Colombia hemos aprovechado algunos artículos que existen en la Constitución y en las leyes, sobre la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la cooperación fronteriza y Zonas Económicas Exclusivas (ZEE). Por ejemplo, la Ley 2135 de 2021 permite procesos asociativos entre entidades territoriales, nacionales y de los países vecinos. Esto llevó en su momento a plantear a la Cancillería colombiana la necesidad de reuniones con las autoridades del Táchira, para tener un diálogo donde, delegaciones de Norte de Santander y del Táchira, acordaron la reapertura controlada y biosegura de los pasos de frontera. En la declaración de San Antonio, se acordaron 3 temas: 1) el corredor estudiantil bioseguro transfronterizo, 2) la reactivación de las plataformas aduaneras para el paso de mercancías y 3) el proceso de movilidad migratoria. Se cumplieron 2 y queda uno pendiente, el corredor estudiantil está funcionando, aunque no se planteó en las condiciones más humanas; el trabajo con autoridades nacionales y regionales para el paso de mercancías ha sido adelantado y, en este momento, el Seniat y la Dian están totalmente preparados para la apertura de la frontera; también se han cumplido todos los trabajos para una mejor complementación sanitaria en el paso de personas, con una apertura controlada con pico y cédula, pero muchas siguen usando las trochas. La CCCV abrió una oficina en Cúcuta para hacer seguimiento y ayudar a lograr estos procesos. Los puntos 1 y 3 se cumplieron y el 2 está por cumplirse, a partir del 7 de agosto de 2022, la frontera estaría abierta para lo económico, lo comercial, lo cultural y el paso de personas.
La recuperación de la frontera debe abordar dos puntos. Primero, de seguridad pública, con bioseguridad y vacunación que permita el paso pendular. La apertura de la frontera en ambos sentidos implica la reducción de la violación de DDHH, contrabando, extorsión, lavado de activos e incluso de violación de derechos de mujeres, niñas y niños. También implica la disminución del paso de personas por trochas controladas por bandas criminales. Segundo, en el aspecto del desarrollo social y económico. Si no hay una recuperación del desarrollo, de la economía social y de los indicadores sociales, no tiene sentido que haya comercio e inversiones. El avance en estos indicadores conlleva a la generación de empleo, reducción de la informalidad, mejora de la calidad de vida y de las terribles condiciones de la pobreza.
Gestiones de la Cámara Venezolano Colombiana (Cavecol) y de la CCCV con los gobernadores, los alcaldes de ambos lados, con algunas autoridades nacionales colombianas y con los gremios regionales permitieron adelantar propuestas para la apertura de los pasos fronterizos formales. En este momento, tanto las autoridades nacionales, como las regionales de ambos países están de acuerdo en que la frontera debe abrirse, sin embargo, todo depende del presidente de Colombia que no ha permitido aún el paso de mercancías. No debemos engañarnos, si bien el comercio está incentivado en Paraguachón y en Cúcuta, no se llegarán de inmediato a los niveles que se tenían en 2008, si antes no se recupera la estructura productiva en Venezuela.
En el 2021 hubo un cambio comparado con el 2020 en cuanto al comercio binacional, el cual creció en un 77%. Las exportaciones colombianas hacia Venezuela crecieron 69% y las importaciones 63%. Hay un proceso de mejora, aunque continúa la informalidad. Nos hemos dado cuenta de la necesidad de volver a la relación binacional, como países, como hermanos, como integración. La frontera debe ser vista como un polo de desarrollo, sostenibilidad y recuperación económica que ayude a lograr un desarrollo integral de los departamentos y municipios fronterizos. Actualmente el único obstáculo es la ideologización de la relación binacional, que impide recuperar el comercio, los indicadores sociales y productivos y las relaciones consulares. Debemos esperar al 7 de agosto y aprovechar la transición de gobierno en Colombia.
Preguntas y discusión
Alberto Madero, decano de la Facultad de derecho, ciencia política y relaciones internacionales de la Univ. del Norte. Uninorte ha venido vinculándose a este esfuerzo entre Venezuela y Colombia. Muy interesantes las presentaciones, ayudan a pensar cómo reactivar las relaciones binacionales. Como parte del equipo negociador de Tratados de Libre Comercio de Colombia y con la Organización Mundial del Comercio, trabajé bastante la renegociación del Grupo de los Tres (G-3), y frente a los traumas que generó el proceso de desvinculación de Venezuela de la Comunidad Andina de Naciones. Independientemente de que nos guste o no el régimen político, no es acertada la política de suspender relaciones a todo nivel con Venezuela, los resultados se pueden sentir. Venezuela es un mercado natural de los productos colombianos y viceversa. En Barranquilla está Monómeros, un caso hito en Colombia por las intervenciones de la empresa. En Colombia tenemos elecciones este año, y la mayoría de los candidatos presidenciales se inclina a restablecer relaciones. ¿Cómo sería el restablecimiento de las relaciones en materia comercial?, ¿implicaría hacer uso de algún tratado o algún vehículo de integración?
– ¿Qué reflexiones deberíamos tener en cuenta para ese reacercamiento en materia comercial, más allá de simples pronunciamientos políticos?
GU. Sí, tenemos la Organización Mundial del Comercio, el Acuerdo de alcance parcial N° 28 y el Acuerdo de transporte. Cavecol y CCCV han hecho una hoja de ruta con otros gremios, donde no se contempla el retorno de Venezuela a la Comunidad Andina, pero por lo menos sí en acuerdos posibles e inmediatos en el marco de la ALADI, en materia de comercio, servicios y también en seguridad jurídica de la inversión.
– Es interesante que el cambio de contexto político en Colombia, a partir de agosto abra una posibilidad para una mayor integración, especialmente desde el punto de vista de las relaciones diplomáticas y consulares, pero es preocupante la campaña atemorizante que se está haciendo. En el imaginario de los migrantes que están en Colombia hay temor, por mensajes de medios de comunicación y campañas políticas sobre ese cambio. Esto es un punto clave en cualquier estrategia de incidencia de integración.
– En el restablecimiento de las relaciones binacionales los actores locales juegan un papel fundamental. Hay directrices desde los centros que han facilitado procesos sin tener alcances específicos, pero también los han limitado. ¿Nos pueden ilustrar sobre la relación que tienen alcaldes y gobernadores de ambos lados?, por ejemplo, en el plan de gobierno de Cúcuta no se ven estrategias específicas en esa relación binacional. ¿Qué tan cercanos son, y qué tanto diálogo hay para la reactivación bilateral?
GU. Nunca había habido tantas relaciones entre los gremios productivos y los agentes de la sociedad civil de Norte de Santander y Táchira. Es impresionante la cantidad de reuniones y estrategias que están adelantando los agentes económicos regionales. Por eso se logró estar preparados para una reapertura con condiciones claras. En los programas de Norte de Santander hay toda una estrategia planteada por la Dirección de Frontera, pero no la han podido llevar a cabo por las limitaciones del gobierno nacional, en los recursos que da el Estado central a las regiones. Los agentes regionales están preparados como nunca para la reapertura. A nivel diplomático es posible que se demoren las cosas, pero hasta Federico Gutiérrez, candidato presidencial de la derecha, ha declarado que las relaciones consulares se reestablecerán sin reconocer el régimen de Maduro. Si se incentivan las relaciones comerciales y consulares, habrá canales de comunicación con Venezuela.
IT. En el pico del intercambio comercial entre ambos países en 2008, comprendimos lo que significa para Colombia y para Venezuela la interdependencia. En el caso colombiano, cada 1.000 millones de dólares exportados a Venezuela, representaban 200.000 empleos que se lograban sostener. En Venezuela tenemos carencias de toda naturaleza y necesitamos que lleguen mercancías desde Colombia para abastecer los supermercados y tiendas que están reabriendo.
– Hay un nuevo clima, a nivel regional y nacional, sobre las expectativas de las reactivación con Venezuela, pero las posibilidades de esa reactivación económica pasan por un tema de geopolítica, al recuperar el control territorial, que en estos momentos está en los grupos armados ilegales. ¿Cuáles son los escenarios más viables donde se pueda avanzar en la integración económica? ¿Hay otras alternativas?
– Se han estado haciendo análisis de carácter preliminar desde la Univ. del Norte para establecer potenciales escenarios. La economía colombiana y venezolana, al ser exportadoras importantes de commodities, son dependientes o propensas a choques externos, por ejemplo con el aumento del precio del petróleo. En este orden de ideas, en los cuestionamientos que se generan sobre qué ruta tomar para fortalecer las relaciones, es interesante tener en cuenta la necesidad del fomento de la confianza en las inversiones y de estabilidad de capital a mediano y largo plazo.
– Sobre la construcción de confianza y las garantías jurídicas. Si bien la ley de ZEE abre un compás para hacer posible la recuperación de las relaciones económicas, su falta de transparencia tiene la discusión trancada en Venezuela. ¿Cuáles son las garantías que el gobierno venezolano estaría dispuesto a dejar por escrito para las inversiones y el tránsito seguro de mercancía?
IT. Hemos visto un renacer del interés de empresarios colombianos de producir en Venezuela, especialmente en la zona industrial de Ureña, donde se están reabriendo empresas. El 90% de los empresarios son inversionistas colombianos. Esto da un renacer a la producción. Podemos acotar también que el intercambio, a través de las ZEE, son una utopía tanto en Colombia como en Venezuela, porque no tenemos las condiciones ni las facilidades para ello por problemas de energía eléctrica.
GU. Primero, el marco institucional que podemos desarrollar en el corto plazo es de la ALADI a través de los convenios de complementación industrial y productiva. Segundo, la llegada de Venezuela a la Comunidad Andia tendrá que ser una decisión política significativa pero lejana a corto plazo, por lo cual lo importante deben ser los acuerdos bilaterales. Tercero, desde la seguridad jurídica se ha establecido, y es cada vez más clara, la liberalización del control de cambios en Venezuela. El intercambio está siendo manejado por sectores privados. Se estableció un método en el que se paga primero y se exporta después. Las orientaciones del gobierno venezolano al respecto han sido claras. El problema está en la seguridad jurídica de las inversiones, porque la ley antibloqueo no la brinda, es un tema que se debe tratar. Y cuarto, las ZEE de los dos países tienen dificultades en Venezuela, pero son importantes las exportaciones que se están realizando para recuperar el sector eléctrico.
II parte. Construcción y amplia difusión de propuestas en los cinco ejes de trabajo de PCCV, a partir de memorias de las iniciativas binacionales.
Intervención de Socorro Ramírez. PCCV tiene la urgencia de ayudar a los distintos sectores de ambos países que están realizando iniciativas concretas, aprovechando el cambio de gobierno en Colombia durante 2022, para un proceso paulatino de reconstrucción de la relación binacional.
Como primer elemento, en reuniones y sesiones anteriores de PCCV, se ha destacado la importancia de un proceso gradual que empiece por la apertura total de los puentes internacionales y de los pasos fronterizos formales, para el tránsito de personas y el comercio puesto que, como lo mostraron los expositores de hoy, el intercambio aún tiene que pasar por los ríos, trochas por las montañas y bosques. El papel del Congreso colombiano también es relevante, porque puede ambientar esta reconstrucción de la relación binacional, por ejemplo con las Comisiones segundas del Senado y de la Cámara con las que se ha dialogado en otras oportunidades. El convenio binacional de 1925 (instrumento internacional) de carácter obligatorio, que declara la neutralidad de los puentes internacionales, o el camino que los gremios y autoridades locales han construido a ambos lados de la frontera para restablecer las relaciones son puntos de partida importante para presionar a los gobiernos nacionales. La red plantea tener debates entre gremios, actores sociales, y autoridades locales con el nuevo Congreso y el nuevo gobierno, para discutir estas propuestas que han ido surgiendo en la discusiones.
Segundo, insistir en la importancia de restablecer el sistema consular en ambos países. Cada uno ha sido el mayor destino migratorio del otro, en distintos momentos, y hay miles de familias binacionales que necesitan circular permanentemente. Tener el sistema consular cerrado ocasiona un gran daño, por la falta de trámites para obtener documentación, que lleva a la irregularidad migratoria y vulnera los derechos de las personas implicadas. Como se ha mencionado anteriormente, el sistema consular no implica el reconocimiento de un gobierno, es un elemento crucial de atención a los ciudadanos.
El tercer elemento tiene que ver con la necesidad que otro país o un organismo internacional sirva de canal de diálogo entre los dos gobiernos, pues hay asuntos que no pueden seguir a la espera para ser tramitados. Ya sucedió con la Organización Panamericana de Salud durante la pandemia, quien sentó instituciones colombianas y venezolanas para dar atención a la crisis del COVID-19. Se debe tener posibilidades y espacios donde instituciones de los dos países puedan dialogar.
En una de las últimas sesiones binacionales de PCCV, la red acordó recoger todo el material que se ha construido desde 2019, para ponerlo a disposición en sus 5 ejes de trabajo.
1) Reflexión sobre el concepto y las realidades de la frontera para mirarla desde sus interacciones y la movilidad intensa que hay entre ambos países, sin reducirla a la línea limítrofe, que ha sido la postura asumida durante décadas por los gobiernos centrales.
2) Seguimiento de la problemática del éxodo desde Venezuela, en sus distintas modalidades -comunidades indígenas compartidas, poblaciones binacionales, pendular, las personas que buscan permanecer y las que atraviesan Colombia para ir hacia otros países, los colombianos que retornan con familia binacional- en su revisión han participado distintas organizaciones e instituciones que abordan este tema desde muchas perspectivas como Dejusticia, Caribe Afirmativo, el Observatorio de Migración de la Univ. del Rosario, entre otros.
3) Análisis de la construcción de Paz en Colombia, particularmente en los ámbitos fronterizos, que resulta decisiva para la relación binacional. Analizar qué sucede también con los actores armados irregulares, ELN, las disidencias, reductos del paramilitarismo, etc.
4) Análisis de la crisis venezolana, la tensión entre ambos gobiernos no les ha permitido abordar los impactos al compartir una vecindad amplia, diversa y compleja. La problemática venezolana ha tratado de verse en su complejidad así como de las negociaciones para buscarle salidas pacíficas.
5) Examen permanente de lo que está pasando en distintos niveles (central, local, desde la sociedad civil, los territorios fronterios) y sus impactos en la reconstrucción de la relación binacional.
PCCV desea hacer una amplia presentación de todo ese material para construir artículos cortos y propositivos, que sinteticen toda esa rica discusión, para presentarlos en una serie de diálogos, por ejemplo, con las campañas presidenciales y losórganos legislativos. También desea hacer difusión a través de publicaciones y debates con Fescol, Ildis, El Espectador, el Diario La Opinión, y otros medios de comunicación colombianos y venezolanos.
Preguntas y discusión
– Podemos hacer una analogía en el tema del intercambio binacional del comercio de Colombia y Venezuela. Pasamos del matrimonio formal al concubinato y debemos ver cómo se reconstruye el matrimonio.
GU. Vemos muy necesario, para defender los derechos fundamentales e impedir que una economía de ilegalidad aumente, aprovechar la transición política en Colombia para construir de una manera clara, descentralizada y con un marco jurídico muy analizado, cuáles son los alcances que puede permitir la reglamentación de la Ley de fronteras, así como otros instrumentos como las ZEE de Cúcuta, Ureña y San Antonio. Tratar de mejorar el nivel de incidencia con el nivel central y construir desde lo local, y lo regional, una propuesta de estabilización de las zonas de frontera que esté blindada de las tensiones nacionales que hemos visto en los últimos 15 años. Lo que sistematice PCCV es importante para intentar aterrizar estos instrumentos que fortalezcan la capacidad local y regional. A nivel nacional el tema es más ideológico y de ausencia de diplomacia.
SR. Desde lo local cualquier iniciativa que se logre concertar y que involucre a diversos actores institucionales, gremiales y ciudadanos resulta de mayor eficacia que una iniciativa genérica. Ese llamado para que los esfuerzos partan desde lo local, pero que se acompañen del marco jurídico aprovechando la Ley de fronteras, es importante. La vinculación del nuevo Congreso resulta esencial.
– Debemos insistir en restablecer las condiciones de confianza. Hay un instrumental sin estrenar, en la Ley de fronteras, que no se ha explorado aún. Creo que se podría pensar en esa dirección para lograr que se aplique o que sea desarrollada normativamente. Clave los esquemas de asociatividad y de figuras de la Ley de ordenamiento territorial, pensando también en la recomposición del panorama político colombiano.
SR. El equipo organizativo binacional de PCCV podría ver si la próxima sesión analiza las leyes aprobadas por el Congreso en 2021, la Ley 2135 de frontera, y la Ley 2136 de migración. Resultan cruciales en esta coyuntura.